Veinticuatro horas después de cerradas las casillas, el INE concluyó su tarea constitucional de organizar y efectuar el instrumento de participación ciudadana denominado “proceso de revocación de mandato”; tarea que el Instituto diera inicio apenas tres semanas después de haber concluido la organización de otro instrumento de participación ciudadana, la “consulta popular” (conocida popular e incorrectamente como la “consulta contra los ex presidentes”) de agosto de 2021, adelantándose incluso al Congreso de la Unión, que aprobó la ley de la materia hasta septiembre.

Para nadie es un secreto que la consulta de revocación de mandato del 10 de abril se llevó a cabo a solicitud de los simpatizantes del Presidente de la República –y por instrucciones de éste– con el objetivo no de revocarle el cargo, sino de ratificarle en el mismo, por lo que las motivaciones de quienes la promovieron siempre fueron hacer propaganda política en favor del líder supremo del grupo en el poder para fortalecer su imagen y, en consecuencia, fortalecer al propio grupo en el poder, a su partido y a sus candidatos.

Con ese objetivo en mente, el grupo en el poder puso en marcha la operación de toda la maquinaria del Gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales emanados de Morena, y desde luego, del propio partido en el poder, para flagrantemente violar la Constitución y utilizar recursos gubernamentales (humanos, materiales, técnicos financieros) y partidistas para promover el voto por la ratificación del Presidente.

Como consecuencia de lo anterior, hasta el 7 de abril el INE ya había recibido 172 quejas por violaciones a diversas disposiciones legales, cometidas principalmente por funcionarios públicos federales y estatales, y había otorgado 25 medidas cautelares (dirigidas al propio Presidente, a sus vocero, al Consejero Jurídico, a la Jefa de Gobierno y varios gobernadores de Morena) ordenando el retiro de publicidad y mensajes en espacios físicos y medios digitales. Y qué decir del mismo día en que se efectuó la consulta; miles de personas en todo el país obligando y acarreando a ciudadanos para que fueran a votar por la ratificación del Presidente, coaccionándolos con el discurso de que perderían los apoyos de los programas sociales del gobierno. Quizá la imagen que mejor ilustre la manera en que, desde el poder se trasgredió la ley sin vergüenza alguna, sea la del presidente de Morena, Mario Delgado, presumiendo en sus redes sociales el acarreo de personas para llevarlas a votar

Ahora bien, ¿todo lo anterior tendrá alguna consecuencia jurídica para el resultado final de este ejercicio de participación ciudadana? Específicamente, ¿es posible la nulidad de la propia consulta de revocación de mandato, como lo sugirió el Presidente del INE, Lorenzo Córdova, hace algunos días? En realidad es bastante improbable.

Hasta el momento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo ha conocido de impugnaciones recaídas a resoluciones del INE sobre procesos sancionadores (previo a la jornada de votación). Conforme al texto constitucional y a la ley de la materia, esta misma Sala Superior también conocerá, en única instancia, de las impugnaciones que se presenten para controvertir los resultados del proceso de revocación; una vez resueltas tales impugnaciones, realizará el cómputo final de la votación y emitirá la declaratoria de validez del proceso. Además, la propia Constitución también establece que, a través de los medios de impugnación, se garantizarán los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato.

Es así que, una vez que el INE remita a la Sala Superior la documentación relativa al cómputo total y declaratoria de resultados, así como el informe sobre el desarrollo del proceso de consulta de revocación de mandato, lo que sigue es que la Sala Superior resuelva los medios de impugnación que se interpongan; luego, debe valorar (calificar, examinar) –con base en las resoluciones de los medios impugnación, y la documentación remitida por el INE– si el proceso se realizó conforme a los principios establecidos en la Constitución y de acuerdo con las formalidades dispuestas en la ley de la materia. Si de esta valoración la Sala Superior concluye que no hubo deficiencias sustanciales, declarará la validez del proceso, pero si concluyera lo contrario, tendría que declarar la nulidad del proceso.

Pero declarar la nulidad del proceso, no obstante el cúmulo de ilegalidades perpetradas desde el grupo en poder, parece bastante improbable; primero, por el resultado final de la consulta de revocación (sólo el 6.4% de quienes participaron, votaron por la revocación del mandato); y segundo, por el bajo porcentaje de participación ciudadana (17.7%).

En efecto, en la reforma constitucional de 2014 se estableció en el artículo 41, base VI, que las causas para declarar la nulidad de una elección deben ser “violaciones graves, dolosas y determinantes” para el resultado. Respecto de los supuestos que se considerarán violaciones graves y dolosas, el propio texto constitucional los limita a tres: 1.- que el ganador exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 2.- que se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y 3.- que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Y respecto de la determinancia, aclara el propio texto constitucional que se presume que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

¿Es posible aplicar tales disposiciones constitucionales al recién concluido proceso de consulta de ratificación de mandato? En este proceso no hubo –al menos formalmente– partidos o candidatos en campaña, por lo que no podría aplicar el primer supuesto; respecto del segundo supuesto, si bien fue por demás evidente el uso de los tiempos oficiales de radio y televisión para desde el gobierno promover la consulta, resulta imposible acreditar la “compra” o “adquisición” de tiempos por parte de particulares; y por lo que hace al tercer supuesto, este sí es posible de acreditar, y tan se ha acreditado, que la autoridad electoral ha emitido diversas medidas cautelares a decenas de servidores públicos para que se abstuvieran de inmediato se seguir cometiendo la conducta ilegal.

Pero el mayor problema es la determinancia, pues las irregularidades acreditadas, y las que aún se van a acreditar derivadas de la jornada de votación, no resultan determinantes para el resultado final, ya que la diferencia entre quienes votaron por la revocación y los que votaron por la no revocación es de 85.4% en favor de estos últimos.

Finalmente, el proceso de revocación y su resultado no será anulado por la Sala Superior del Tribunal, porque el artículo 35, fracción IX, numeral 4º., de la Constitución, dispone que “para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores”.

¿Esto significa que el proceso recién concluido es inválido? No, significa que, al no haberse alcanzado el porcentaje de participación mínima requerida por la Constitución, el resultado no es vinculante, y por lo tanto, éste no tiene ninguna consecuencia jurídica, ni a favor de la revocación, ni en contra de la revocación. Por lo tanto, no tendría sentido alguno que la Sala Superior anulara un proceso cuyo resultado no tiene consecuencia jurídica, a menos que lo que se controvirtiera fuese la obstaculización, la inhibición a la ciudadanía para su participación, un supuesto que nadie ha alegado y que, desde luego, sería insostenible.

En suma, la imposibilidad para acreditar dos de las tres causales de nulidad establecidas en la Constitución; la enorme diferencia numérica entre quienes votaron por la revocación y quienes votaron por la no revocación, que hace imposible acreditar la determinancia de la irregularidades en el resultado; y el no haber llegado al 40% de participación ciudadana, que haría vinculatorio el resultado de la consulta, son circunstancias que hacen imposible pensar que la Sala Superior del Tribunal Electoral pudiese declarar la nulidad de la elección.

Pero en cualquier caso, lo menos que se espera de los magistrados de la Sala Superior, es que en la declaratoria de validez del proceso, se señale, con el rigor que el caso amerita, que las permanentes violaciones a la ley por parte de servidores públicos de los gobierno de Morena, y el desvío de recursos públicos para montar una enorme campaña en favor del sujeto de revocación (“Que siga AMLO”), son actos que atentan contra los principios constitucionales que deben guiar los proceso democráticos y de participación ciudadana; y desde luego, se debe sancionar, con todo el rigor de la ley, a quienes –como Mario Delgado– se han burlado de la Constitución y de las instituciones democráticas del Estado mexicano.

Sabedores de este razonamiento jurídico, es que la tranza y la mapachería campeo durante toda la revocación de mandato, tristemente el asidero jurídico para sancionar las irregularidades de funcionarios públicos y activistas de MORENA, es por decir lo menos, endeble. Muy probablemente todo quede en 1,692 mdp sin ninguna consecuencia política, sólo para propaganda política y campaña de AMLO.