Antes se creaban instituciones para robar, pero ya no; antes se le mentía al pueblo, pero ya no; antes existía el influyentismo y sólo se beneficiaba a los mismos de siempre, pero ya no.

En el actual Gobierno, culpar al pasado se ha vuelto un lugar común para evadir responsabilidades, justificar malas decisiones y sus consecuencias negativas. Hoy escuchamos de manera constante, sistemática y generalizada, que el pasado sigue siendo el culpable de todos nuestros males, aunque hayan pasado ya casi dos años desde que terminó la última administración, aunque el presente y el pasado sean mucho más parecidos de lo que el “nuevo régimen” estaría dispuesto a aceptar.

Claro que los malos Gobiernos que ha tenido el país son un lastre difícil de superar. Sin embargo, la responsabilidad del presente no se puede adjudicar al pasado; aunque a muchos, incluido el propio presidente, les gustaría creer que el problema es así de sencillo. La realidad es mucho más compleja y parece rebasarnos todos los días.

Las decisiones tomadas bajo una lógica electoral y de acumulación de poder, antes que en beneficio de la sociedad; la obstinación de no respaldar económicamente a nadie que no fuera beneficiario de los programas sociales, cuando la emergencia sanitaria provocó que 12 millones de personas perdieran su fuente de ingresos; y el deficiente manejo de la pandemia en nuestro país, que al día de hoy suma casi medio millón de casos confirmados y cerca de 60 mil muertes por Covid-19: todo esto es responsabilidad de la actual administración y de nadie más.

De acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), durante el mes de junio el porcentaje de personas con un ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria se redujo en 6.8%; es decir que del 54.9% de trabajadores que no contaban con un ingreso suficiente para comprar la canasta básica en mayo, el porcentaje se redujo a 48.1% en junio. Esta cifra aún está muy por encima del 35.7% registrado en el primer trimestre de este año.

Si bien estamos viendo una recuperación de los empleos, también aumentan los contagios y las muertes a causa de coronavirus –ya somos el tercer país con mayor número de defunciones en el mundo–, al tiempo que disminuye el número de pruebas para la detección de Covid-19 aplicadas diariamente.

En medio de esta crisis, en lugar de utilizar recursos públicos para pagar las nóminas de los trabajadores del Gobierno, fortalecer al sector salud o garantizar verdaderos apoyos para las familias, los micro y pequeños negocios; estos siguen siendo destinados a los megaproyectos presidenciales.

Por ello, la transparencia y la rendición de cuentas se vuelven herramientas fundamentales para la ciudadanía, que debe conocer la justificación y los efectos de las decisiones políticas, económicas y de salud que afectan diariamente en sus vidas, la de sus familias y sus comunidades.

Frente a esta necesidad de información, nuestro deber como legisladores es ejercer la función de contrapeso al Ejecutivo para vigilar la gestión del Gobierno y garantizar certidumbre a la ciudadanía: cifras reales, verdades transparentes y estrategias efectivas. No permitir más dilaciones, engaños y discursos vacíos.

Por ello, es preocupante que portales como datos.gob.mx, que es el catálogo de Datos Abiertos del Gobierno de la República, comiencen a desaparecer información y a complicar los procesos de búsqueda; obstaculizando así el acceso a la información y las investigaciones periodísticas que nos ayudan a identificar instituciones, funcionarios o procesos que deben ser fiscalizados.

Nos preocupa también el retraso que presenta la Plataforma Digital Nacional (PDN) –herramienta diseñada para prevenir y detectar actos de corrupción, que busca hacer comparables, accesibles y utilizables los datos del gobierno–, lo que nos aleja de la consolidación de un verdadero Gobierno Abierto y desincentiva el combate a la corrupción.

Además, alarma que en el propio Congreso de la Unión se presenten iniciativas que buscan modificar un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que aún no logra consolidarse, en lugar de garantizar su autonomía, sostenibilidad, eficacia y efectividad. Hay que hacer cumplir el marco legal que ya tenemos e invertir recursos para hacerlo verdaderamente operativo: eso es mucho más urgente e importante que seguir legislando buenas intenciones que no se verán reflejadas en la realidad.


Te sugerimos: 6 diputados de Morena en aislamiento tras positivo de Suárez del Real


Ya hemos sido testigos de la cooptación y el desmantelamiento de las instituciones por el grupo político en el poder, así como la discrecionalidad, la opacidad y el ocultamiento de información pública. Los resultados son evidentes: el aumento de la corrupción, el beneficio de unos cuantos a costa de todos los demás, la concentración de poder y el debilitamiento de nuestra democracia.

Si al actual Gobierno realmente le importa distinguirse de las administraciones del pasado y marcar una diferencia significativa entre el antes y el ahora, podría empezar por atender sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Si pretende hacer una verdadera transformación, que fortalezca los mecanismos que tenemos y amplíe sus alcances para hacerlos más efectivos, y si es diferente a los de antes, como insisten sus voceros, no puede seguir manteniendo la tradición de impunidad, protegiendo a sus funcionarios que han cometido actos de corrupción.

Hagamos accesible la información, mejoremos nuestras herramientas y fortalezcamos nuestras instituciones. El que nada debe, nada teme.

Presidente de la Comisión Anticorrupción, de Transparencia y de Participación Ciudadana