Como cada año, en el Congreso de la Unión discutimos el Paquete Económico: el conjunto de proyectos legislativos en materia de política hacendaria, de ingresos y de egresos que presenta el Poder Ejecutivo para el ejercicio del año siguiente.

Las dos Cámaras deben analizar la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal (Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley de Impuesto al Valor Agregado y Código Fiscal de la Federación); y la Cámara de Diputados, de manera exclusiva, discute el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Este conjunto de leyes define los ingresos que recaudará el Estado, es decir, los impuestos, contribuciones, aprovechamientos, costo de venta de bienes y servicios que cobrará el Gobierno, así como la deuda que planea adquirir; de igual forma, en ellas se plasma a cuáles sectores (salud, educación, seguridad, etc.), dependencias, programas, entre otros, serán destinados los recursos.

En el Senado, los grupos de oposición dimos la batalla para defender la economía de las familias mexicanas: logramos la disminución al impuesto al transporte y comercio de mercancías a través de plataformas digitales, redujimos el pago de derechos en las visitas turísticas a algunas áreas naturales protegidas del país y eliminamos la posibilidad de que inspectores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pudieran tomar fotografías o videos de los bienes de las personas en sus domicilios.

Sin embargo, la mayoría se impuso en algunas discusiones y aprobó propuestas como la modificación del impuesto por el uso del espectro radioeléctrico, que afectará a los usuarios de telefonía celular e internet con tarifas más altas a partir de enero.

Lo más lamentable fue que, de último minuto y de manera ilegal, el grupo mayoritario introdujo un artículo décimo quinto transitorio para incorporar a la Ley de Ingresos –que en ese momento ya habíamos terminado de discutir– ni más ni menos que 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, antes conocido como Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Con la mayoría aplastante del oficialismo, se aprobó que estos recursos tan indispensables fueran canalizados a la Tesorería de Federación (TESOFE), que prácticamente se ha convertido en la bolsa presidencial.

Así, con proyecciones de crecimiento económico imposibles de creer, sin prever ninguna medida para hacerle frente a la crisis económica por la emergencia sanitaria que seguirá causando estragos el próximo año, se aprobó el Paquete Económico en la Cámara de Senadores.

Ahora la Cámara de Diputados deberá discutir los cambios que logramos, junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación: la programación del gasto público que se realizará durante todo el 2021.

La aprobación del Paquete Económico en el Senado coincidió con la entrega, después de un retraso de varios meses, de 487 informes individuales del gasto público ejercido durante 2019 por el Gobierno federal, estados y municipios, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) envió a la Cámara de Diputados.

En esta primera entrega, quedaron fuera los informes sobre los programas estrella del Gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro, y las mega obras de Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya.

En sus informes, la Auditoría realizó observaciones por más de 25 mil millones de pesos en el ejercicio del presupuesto para gasto federalizado; esto significa que no sabemos con certeza dónde están o en qué se gastaron esos recursos.

Las causas pueden ser variadas: falta de documentación comprobatoria; pagos improcedentes o excesivos; recursos que no fueron ejercidos, pero tampoco reintegrados a la TESOFE; transferencias de recursos a cuentas bancarias distintas, entre otras.

Sin embargo, de esos 25 mil millones de pesos, solo se han recuperado 748 millones, equivalentes a tan solo 2.8% del total, que las entidades fiscalizadas ya reintegraron a la Tesorería.

Desgraciadamente, las observaciones de la Auditoría llegaron muy tarde, por lo menos para las senadoras y los senadores. Por su relevancia y sus alcances, se trata de información invaluable para tomar decisiones a la hora de discutir el Paquete Económico. Ahora, con esta información a medias, la Cámara de Diputados deberá hacer un análisis responsable de las leyes que les enviamos, así como del Presupuesto de Egresos para 2021.

Sin embargo, el escenario no es el más alentador. Más de 25 mil millones de inconsistencias durante el primer año de Gobierno, sin considerar lo más importante: los megaproyectos presidenciales y los programas clientelares del Gobierno federal.

Esperemos que la ASF avance en las observaciones a estos rubros, que nos permitirán constatar cómo se están gastando los recursos públicos; pero, sobre todo, nos serán útiles tomar mejores decisiones al momento de distribuir ese dinero. Porque, aunque muchos servidores públicos parecen haberlo olvidado, esos recursos no le pertenecen a la Federación, le pertenecen al pueblo mexicano.

 

Senador de la República

Presidente de la Comisión Anticorrupción, de Transparencia y de Participación Ciudadana