El presidente Andrés Manuel López Obrador, consciente de la precariedad que significa el régimen de subcontratación entre la población más vulnerable, presentó una iniciativa ante el H. Congreso de la Unión con el objetivo de proteger a las y los trabajadores de los abusos laborales y de la falta de prestaciones sociales en la que se encuentran. La oposición menciona que la propuesta desincentiva el mercado laboral, mientras que los sectores empresariales han sido incluidos en la discusión del proyecto.

El impacto acumulado de las prácticas de subcontratación, mejor conocidas como outsourcing, que se introdujeron con el TLCAN y que luego se regularon en la Ley Federal del Trabajo por iniciativa del expresidente Felipe Calderón, se puede apreciar en los datos del Censo Económico 2019 que revelan que las empresas que más utilizan esta forma de contratación son las medianas, con una participación de 31.2% (2.4 millones); le siguen las grandes con 23.3% (1.5 millones); las pequeñas con 17.6% (706,004) y las micro con el 4.4% (446.424)


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Los atropellos y las malas prácticas de las empresas de subcontratación han normalizado los excesos cometidos durante muchos años y con ello los derechos laborales de las y los mexicanos han sido pisoteados durante mucho tiempo. Bajo el esquema de outsourcing a los trabajadores se les pagan bajos salarios, no se les brinda seguridad social, no cotizan para su jubilación y no tienen derecho a huelga. La subcontratación laboral ha permitido que las empresas no tengan trabajadores propios, se recurre a empleados externos que son subcontratados y ante un problema laboral, incluso, las empresas subcontratantes desaparecen.

Es ilustrativo el ejemplo que dio a conocer la Secretaria del Trabajo, sobre el modus operandi del outsourcing: “se detectó  que de las más de 800 personas que laboraban en un hotel, solo dos estaban reconocidas por su administración, las demás trabajaban para 14 empresas subcontratistas distintas”.

Es importante observar que esto ha permitido que exista una competencia desleal, pues no es lo mismo una empresa cumplidora que reconoce a sus trabajadores y que paga las cuotas ante el IMSS a una que nunca lo ha hecho. Otro dato importante es que las empresas registran a sus trabajadores con sueldos menores a los que realmente perciben con la finalidad de reducir las contribuciones al IMSS.

Por esto, la iniciativa planteada por el ejecutivo contiene dos puntos fundamentales, regular el outsourcing en el país con el objetivo de garantizar los derechos de las y los trabajadores y frenar la evasión fiscal por parte de algunas empresas. Se trata de que todas las empresas paguen las cuotas patronales ante el IMSS y todos aquellos impuestos que se derivan de la relación laboral con los trabajadores.

En el mismo sentido, el Gobierno Federal ha expresado su compromiso para eliminar la práctica de la subcontratación en la Administración Pública Federal.

Debemos decir que la propuesta no está en contra de las empresas, por el contrario, está a favor de la creación de empleos. Pero también a favor de que las y los trabajadores de México, tanto del sector público como del privado, cuenten con seguridad social, sueldos decentes y pleno reconocimiento de la relación laboral.

Es importante escuchar a todas las voces que tengan una propuesta para mejorar el esquema laboral de las y los trabajadores, y refutar  los argumentos catastrofistas que avizoran el desempleo y la baja productividad. Al final del día el esquema de subcontratación soló ha beneficiado a algunos cuantos en perjuicio de millones de trabajadores que no tienen derechos laborales.