Uno de los mayores mitos del nacionalismo priísta lo es “la expropiación petrolera”, un “acto de esencial y profunda liberación económica”, según Lázaro Cárdenas. A partir de esta creencia, soberanía y petróleo se han vuelto uno y lo mismo, impidiendo con ello una discusión racional y serena sobre el uso de un recurso natural que, según la historiografía oficial “es de todos los mexicanos”.

La expropiación constituyó un acto necesario dada la arrogancia de las petroleras extranjeras; un ejercicio de autoridad justificado en virtud del Gobierno paralelo ejercido por las compañías en diversas zonas del país; una reafirmación de la supremacía estatal frente a los afanes desestabilizadores de las firmas afectadas por la nacionalización. Hablamos de una decisión audaz que, en otras circunstancias, hubiera puesto a México en condiciones de ser intervenido, tal y como ocurrió en Irán con la administración de Mohammad Mosadeq, gracias a la vena golpista de los servicios secretos anglo – estadunidenses.

Debido a la expropiación, los hidrocarburos pasaron a constituir una “palanca para el desarrollo nacional”, pero ello no significa que los Gobiernos posteriores al de Cárdenas hayan estado a la altura de los objetivos planteados por el general ni que la administración de Pemex haya sido más eficiente u honesta que bajo manos privadas, lo que nos lleva a poner en tela de juicio el mito de la propiedad popular sobre el petróleo.

Cárdenas vislumbró un futuro brillante a partir del uso racional de los energéticos, pero los presidentes que le sucedieron se valieron de la renta petrolera para evitar la instauración de un sistema tributario que permitiera al Estado hacerse de recursos suficientes para cumplir con sus objetivos, lo que ha hecho de México uno de los países que menos impuestos recaudan en el marco de la OCDE, problema a partir del cual podemos entender muchas de las desgracias que nos ocurren en campos como la salud, la educación y la seguridad.


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El desplazamiento de las compañías extranjeras se tradujo en la emancipación inicial de los trabajadores petroleros, pero también implicó una relación perversa entre sindicato y empresa, la cual se ha caracterizado por la corrupción, el corporativismo y la ineficiencia. Joaquín Hernández Galicia, Salvador Barragán Camacho, Héctor García Hernández, Carlos Romero Deschamps, el pasivo laboral, el sistema pensionario y el Pemexgate constituyen recordatorios de hasta dónde se puede llegar cuando se administra un bien público en beneficio de unos pocos.

La irresponsabilidad con que se ha conducido Pemex nos permite entender su actual quebranto y el despilfarro de la renta petrolera en tiempos de bonanza, sobre todo durante los Gobiernos de José López Portillo y Vicente Fox, así como el huachicoleo, la riqueza de Emilio Lozoya, el éxito inicial de Oceanografía o la persecuciones judiciales emprendidas en los años ochenta en contra de Jorge Díaz Serrano, Jesús Chavarría e Ignacio de León.

Contrario a lo dicho por el presidente de la República, el saqueo a Pemex no inició durante los Gobiernos neoliberales, sino que éste ha sido sistémico e histórico, tolerado por Gobierno y sociedad, que así han permitido la pérdida de oportunidades y evadido el establecimiento de un modelo de desarrollo que privilegie el emprendimiento, la innovación, el fortalecimiento de la educación, la ciencia y la tecnología, el uso de energías limpias y la protección del medio ambiente, tal y como ocurre en países exitosos.

El rescate del sector energético será imposible a partir de la aplicación de modelos cuyo fracaso está demostrado, sino desde el entendimiento del contexto mundial, del establecimiento de alianzas estratégicas y del uso inteligente de los recursos públicos, elementos todos ellos ausentes en el paradigma de la 4T, pero, sobre todo, de la aceptación de un problema fundacional: Pemex no es de los mexicanos, sino de la burocracia, el sindicato y los contratistas.