La política social es fundamental, junto con la política económica, para construir una sociedad con mejores niveles de igualdad y equidad social, objetivos prioritarios de cualquier Gobierno cercano a una visión de izquierda. Para el Gobierno de la Cuarta Transformación la política de bienestar es uno de sus pilares fundamentales, tanto por el número de personas (20 millones) que se piensa incorporar a los diversos programas, como por la visión a través de la cual se implementan los mismos a fin de evitar al máximo prácticas de corrupción, clientelismo e intermediación.

Hoy algunos de estos programas han sido reconocidos como derechos constitucionales, lo cual les otorga un reconocimiento máximo y establece garantías de que serán irreversibles. Hablamos de la Pensión Universal de Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad con prioridad en la población entre 0 y 18 años, las becas para estudiantes pobres en todos los niveles educativas, y el derecho a la salud.  

La crisis de bienestar derivada de las políticas neoliberales y de los efectos en la economía mundial de la Pandemia de COVID 19 obliga a los Gobiernos del todo el mundo a repensar, no sólo los esquemas de intervención en la economía para generar un nuevo ciclo de crecimiento y rentabilidad de las empresas también hacen reflexionar para fortalecer los derechos sociales, los programas e instrumentos de la política social para combatir la pobreza y la desigualdad. Por tanto, es tiempo de abrir el debate en torno al tópico del Ingreso Básico Universal,


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Organismos internacionales como la CEPAL proponen el tema del Ingreso Básico Universal como uno de los derechos e instrumentos de política social para mejorar los sistemas de protección social, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres de la población, proponiendo la vigencia de esta asignación de recursos por un periodo mínimo de 3 meses a un año a la población con mayores condiciones de vulnerabilidad. 

Países como España han aprobado como parte de su política social para enfrentar los efectos sociales del COVID 19 el Ingreso Mínimo Vital para su población, el cual entrará en vigor a partir del 15 de junio del año en curso. Éste prevé beneficiar a 850 mil familias y 2.3 millones de españoles, con un ingreso mínimo que oscilará entre los 461.5 y los 1 015 euros mensuales. Este programa implicará una erogación de 3 mil millones de euros al gobierno español. 

Abrir este debate en el país es impostergable. Somos una nación que con base a los datos del CONEVAL de 2018 tiene una población de 52 millones de personas en situación de pobreza, el 41,9% del total de los habitantes, de los cuales 9.3 millones, el 7.4% vive en condiciones de pobreza extrema. Esta misma evaluación de 2018 indica que 21 millones de personas, el 16,8% de la población, tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema en el país, en tanto que 61.1 millones de mexicanos, el 48.9% tiene un ingreso menor a la línea de pobreza.

La Ciudad de México puede jugar un papel de vanguardia en este tema, como ya la ha sido en muchos otros más en materia de derechos humanos y programas sociales. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 9 el Derecho a la vida digna y al mínimo vital a sus habitantes, a la letra dice este artículo en su base A, numerales 1 y 2: 

"1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.


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2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los términos de esta Constitución"

Lo anterior se complementa con lo definido en el artículo 17, base A, numeral 1, inciso g de la Carta Magna local, relativo al bienestar social y economía distributiva que nos dice que este sistema considerará: "g) Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza, que se establecerá de acuerdo a los criterios de progresividad..."

Están dadas las condiciones y el mandato de la Constitución local para avanzar en la implementación de un derecho fundamental de sus habitantes, lograr el bienestar y la vida digna de los capitalinos. La reactivación de la economía, junto con las políticas de bienestar, deben ir de la mano. El debate presupuestal del año 2021 puede brindar una gran oportunidad para avanzar en este terreno bajo los criterios de progresividad, y ser un ejemplo para el conjunto de la nación y América Latina.