La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero, una red de macrocriminalidad, permitió que se perpetrara un acto delincuencial que tuvo como consecuencia la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. A 6 años de los hechos el reto más importante es desmantelar el andamiaje de impunidad que construyó el régimen anterior y castigar a los responsables.

Es necesario que los padres, las madres y los familiares de los estudiantes y la sociedad en general, puedan tener pleno acceso a la justicia y ejercer el Derecho a la Verdad, que es la vía para impulsar el esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de violaciones graves de derechos humanos.

Las irregularidades en el caso, cometidas en la administración de Peña Nieto inventaron una narrativa, denominada la verdad histórica que radicaba, en que supuestamente, los estudiantes habían acudido a Iguala a boicotear un informe de la esposa del presidente Municipal, José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda.


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Otro elemento señalaba que los jóvenes habían sido infiltrados por el crimen organizado, detenidos por policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Y que estos los habrían incinerado y tirado sus cenizas en el Río San Juan. Esa fue una versión que trataron de imponer desde el estado y que tenía la finalidad de crear una verdad histórica que no fue más que una simulación.

En su momento, el ex Procurador Jesús Murillo Karam, acompañado por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón, refirió que la verdad histórica estaba sustentada en una investigación exhaustiva, profunda y seria, avalada con resultados científicos.

Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), compuesto por cuatro reconocidos abogados y un psicólogo extranjero, con una larga trayectoria en procesos de lucha por los derechos humanos, informó que la verdad histórica carecía de argumentos sólidos.


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Para los padres han sido 6 años, tiempo en el que el Gobierno de Peña Nieto los engañó, en el que no se han rendido de buscar cualquier indicio, en el que no se han cansado de mirar hacia el horizonte, manteniendo todavía la esperanza de que algún día den con el paradero de sus hijos.  

De la misma forma y junto con el pueblo de México han elevado la exigencia de que, así como vivos se los llevaron, vivos los regresen, transformando la idea en un grito de lucha, de una de las causas de defensa de los derechos humanos más importantes de los últimos tiempos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha reiterado su compromiso de llegar a la verdad, de hacer justicia y ha expresado su convicción de no claudicar en la búsqueda de los 43 normalistas.


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Recientemente trascendió que se ha emitido una ficha roja para localizar a Tomas Zerón y ha sido ubicado en el extranjero, por lo que la Secretaría de Gobernación ha solicitado ya su extradición, para ser juzgado junto con quienes permanecen en la impunidad.

Finalmente, expresamos nuestro reconocimiento, apoyo y acompañamiento a este movimiento y esperamos el pronto cumplimiento del derecho a la verdad, así como el castigo a los responsables.

Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Verdad, memoria y justicia.