El concepto del derecho a la ciudad fue una propuesta de análisis crítico que el filósofo francés Henri Lefevre planteó en la década de los 60 sobre los esquemas de desarrollo urbano europeo y norteamericano.

La consolidación del capitalismo industrial y sus dinámicas de expansión se vieron estrechamente relacionadas al surgimiento de nuevas propuestas respecto al diseño de las ciudades y, al mismo tiempo, materializaron los procesos de diferenciación social y exclusión económica.


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Desde mediados del siglo XIX hasta finales del XX esta tendencia se ha mantenido en la mayoría de los centros urbanos a nivel mundial favoreciendo fenómenos de segregación y exclusión de los grupos sociales más vulnerables. Desde Lefevre hasta David Harvey, las visiones críticas respecto a estos modelos de desarrollo urbano excluyente han puesto énfasis no sólo en sus causas y consecuencias, sino que buscan nuevos horizontes que permitan la democratización de las ciudades a partir de procesos de inclusión y participación activa de quienes las habitan.

En la Ciudad de México esta discusión se incorporó a la agenda pública en el año 2007 por iniciativa de diversas organizaciones populares y el Gobierno de la Ciudad de México. A partir de la instalación de una mesa de análisis y discusión en 2008, que tuvo como marco el Foro Social Mundial, y después de varios meses de trabajo se logró redactar un documento conocido como Proyecto de Carta por el Derecho a la Ciudad misma que fue oficialmente presentada en 2009.

Este hecho marcó, sin lugar a dudas, un antes y un después en la visión del desarrollo urbano para la capital en los años por venir. Esta forma de pensar la ciudad se plasmó finalmente en los debates de la Asamblea Constituyente que en 2016 trabajó en la redacción de la primera carta magna para la CDMX.

La Constitución establece que el derecho a la ciudad consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.


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Esta visión a su vez es compartida y garantizada por la presente administración del Gobierno de la Ciudad de México la cual ha promovido desde su entrada en funciones la realización de este derecho a través de políticas públicas, planes y programas. Esto se complementa con la existencia de órganos de diálogo social como el Consejo Económico Social y Ambiental que justo en el marco de su primer aniversario organiza el primer foro de diálogos públicos por el derecho a la Ciudad contando con distinguidos y destacados especialistas, servidores públicos y miembros de la sociedad civil.

Este foro se organizó a partir de cinco ejes temáticos que van desde el desarrollo urbano incluyente hasta los derechos sociales y la economía circular. La posibilidad de contar no sólo con espacios de discusión sino con agendas definidas y coincidentes entre varios actores es un piso inmejorable para la construcción colectiva y coordinada de herramientas de planeación incluyentes.

El derecho a la ciudad es una prioridad compartida por los sectores público, privado y social que establecerá el horizonte para el desarrollo integral e incluyente de la metrópoli en los años por venir.