El pasado 24 de julio, Morena y sus aliados en el Congreso de la CDMX aprobaron reformas a la Ley de Participación Ciudadana y al Presupuesto de Egresos de la Ciudad. A través de ésta, Morena canceló el derecho de los habitantes de la capital a ejercer el presupuesto participativo de ESTE AÑO, que a cada colonia le corresponde.

Esta reforma fue absolutamente inconstitucional, primero, porque los recursos del presupuesto participativo de ninguna manera son una graciosa concesión del Gobierno a las colonias, sino que se trata de un derecho reconocido en la Constitución de la CDMX (art. 26, Apartado B) para el mejoramiento de cada comunidad y la recuperación de espacios públicos; y segundo, porque el dictamen que contiene la reforma fue presentada por dos diputados (Martha Soledad Ávila Ventura y José Luis Rodríguez Díaz de León, ambos de Morena), y los legisladores no tenemos facultad de iniciativa en materia del Presupuesto de Egresos, pues se trata de una facultad exclusiva del Ejecutivo (art. 32, Apartado C, numeral 1, inciso d), de la Constitución local).

En el fondo, las razones para negar el derecho constitucional del presupuesto participativo a las colonias, son meramente financieras. Para el 2020, a este rubro correspondían 1,420.8 millones de pesos; sin embargo, de acuerdo con el Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo enero – junio de 2020, en este lapso hubo una disminución de (–) 8.8% de los ingresos del sector público presupuestario, respecto de la meta establecida. El Gobierno de Sheinbaum tiene menos dinero, y en su búsqueda desesperada de recursos para poder completar el ejercicio fiscal, con la ayuda de Morena en el Congreso, se le hizo fácil cancelar el dinero que, por mandato constitucional, corresponde directamente a las colonias (aunque dicen ellos que no se trató de una cancelación, sino sólo de una posposición).

Necesitaban dinero y se lo quitaron a las colonias, ahora sólo requerían un buen pretexto, y el pretexto les vino como anillo al dedo: el Covid-19. En efecto, en el dictamen de esta reforma, se señala que, dada la suspensión de términos y plazos debido a la emergencia sanitaria, el Instituto Electoral de la CDMX (IECM) no podría realizar las asambleas ciudadanas relativas a la ejecución del presupuesto participativo; el problema es que ni el Gobierno de la Ciudad, ni Morena en el Congreso, le preguntaron al IECM si podían o no realizar las asambleas. De haberle preguntado, habrían sabido que precisamente ese día (24 de julio) habían aprobado un acuerdo para poder llevar a cabo Asambleas Ciudadanas para la Consulta del Presupuesto Participativo en la modalidad digital, e incluso ya se estaban llevando a cabo las Asambleas Comunitarias Informativas y Consultivas virtuales sobre la Delimitación de las Circunscripciones para la elección de Concejalías.

Morena mintió con que NO era posible realizar asambleas ciudadanas virtuales; así lo manifesté en aquella sesión, y también propuse una reserva al Pleno del Congreso, para que las asambleas ciudadanas en materia de presupuesto participativo 2020 se efectuaran de manera virtual; pues el ejercicio de los derechos no se puede cancelar, y la autoridad está obligada a buscar alternativas para garantizar tales derechos.

Tan es cierto lo anterior, que no sólo el IECM comprendió la necesidad de continuar con el cumplimiento de sus atribuciones a través de reuniones virtuales; la Procuraduría Social, por ejemplo, también autorizó la realización de asambleas virtuales para terminar de aplicar los 240 millones de pesos destinados al arreglo de unidades habitacionales. Incluso aquellas funciones que inevitablemente requerían de la presencia física de las personas, como la presentación de exámenes de ingreso a la UNAM o al IPN, se llevaron a cabo, con estrictas medidas de sanitarias. No, la función pública NO podía detenerse eternamente, como sugirió Morena al aprobar la cancelación del presupuesto participativo 2020.

Pues bien, al tiempo que Morena por un lado tomó al Covid-19 como pretexto para cancelar un derecho constitucional de los capitalinos, negando la posibilidad de realizar asambleas ciudadanas virtuales, por otro lado, el pasado jueves 24 de septiembre, la diputada local de Morena, Guadalupe Aguilar Solache presentó una iniciativa que busca que los informes de los diputados se puedan “rendir de forma presencial o cuando ello no sea posible por causas de fuerza mayor, se podrán realizar a través de medios remotos de comunicación”, y que además se transmitan en el canal del Congreso de la CDMX.

La propuesta de la diputada Aguilar Solache no sólo viola el artículo 134 constitucional (en ningún caso la propaganda oficial incluirá “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”), sino que además es una burla para los capitalinos, pues pretende que los diputados se promocionen a través de sus informes, de manera presencial o de manera virtual, mientras niegan a la ciudadanía la realización de asambleas virtuales para que decidan en qué invertir el presupuesto participativo 2020 para beneficio de sus colonias. Ante la actual pandemia, Morena entiende el uso de la tecnología como un privilegio al que sólo sus diputados tienen derecho a acceder.

Adicionalmente la diputada Valentina Batres, curiosamente también el 24 de septiembre, anunció otra iniciativa de reformas para que los legisladores puedan presentar sus informes de labores durante el proceso electoral, lo que actualmente está PROHIBIDO; es decir, para los fines electorales de Morena SÍ luchan por generar condiciones, aún si son ilegales, tramposas y mafiosas.

En síntesis, hace dos meses Morena decidió arrebatarles sus derechos a las Asambleas Vecinales para poder ejecutar sus Presupuestos Participativos porque la pandemia limitaba su realización presencial, argumento que los exámenes de admisión al IPN y a la UNAM, echaron por la borda; y además rechazó mis propuestas de llevarlas a cabo de manera virtual, como se han realizado Asambleas de PROSOC, del IECM y del propio Congreso; hasta llegar al extremo del Informe ILEGAL de Sheinbaum. ¡Ah! pero eso sí, para legislar formulas para poder dar informes de actividades con fines de promoción electoral, incluso dentro del periodo del proceso electoral, los legisladores de Morena SÍ ven condiciones, SÍ, tienen interés, SÍ hay internet suficiente, SÍ fomenta la participación ciudadana sin riesgos de contagio y SÍ se puede. Son una sarta de hipócritas y su cinismo ofende.