“Teníamos un avión que hoy todavía tenemos. Ya lo rifamos, pero aún lo estamos vendiendo; es como un palacio en el aire, imagínense…”; esta frase expresada por el presidente de México en su discurso por el 75ª Aniversario de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), retrata perfectamente lo irracional que han sido las acciones de los dos primeros años de su Gobierno.

También pone en evidencia la incongruencia de las acciones que, desde el ejecutivo, pretenden ensalzarse como políticas públicas exitosas. La historia del avión presidencial marcará, definirá y perseguirá a este Gobierno, por la cadena de irregularidades detectadas y que aún no acaban, como bien lo señaló el mandatario, con la “no rifa”.

Desde su campaña presidencial en 2018, el candidato Andrés Manuel López Obrador criticó la compra del avión presidencial que se adquirió por 218.7 millones de dólares al final del Gobierno de Felipe Calderón, para ser usado por el siguiente Gobierno en turno, el cual le parecía un lujo que «ni siquiera Obama lo tenía», calificándolo como un exceso. Comprometiéndose a vender el avión y devolver el dinero a la gente.

Al comprobar que no existe un gran mercado para aviones personalizados de segunda mano y que para su uso comercial se requiere hacer modificaciones que incrementan significativamente el costo final de la aeronave, planteó como un gancho ofrecer al comprador un servicio de mantenimiento por dos años o un año. Las estimaciones del Gobierno indicaban que los costos por mantenimiento del avión presidencial estarían cerca de los 1,7 millones de dólares que fue lo que costó durante su estadía de un año y siete meses en hangares de Estados Unidos.

Al no recibir una oferta seria de compra, el presidente decidió que mejor rifaría el avión, pero, ante lo evidentemente absurdo de rifar un bien de este tipo, se dijo después que el premio no sería ya el avión, sino que se haría una rifa por el monto del valor estimado del avión.

En ese momento, se esperaba que el Gobierno vendiera alrededor de 6 millones de boletos de 500 pesos cada uno. El monto recaudado se utilizaría para pagar a los ganadores y el resto se utilizaría para donar equipos médicos al sistema de salud pública y también para ayudar al mantenimiento de la aeronave antes de la venta final.

Los premios estarían garantizados con un cheque entregado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) por la Fiscalía General de la República, que amparaba la cantidad de 2 mil millones de pesos y el cual presuntamente era producto de un aseguramiento.

Días antes en la conferencia mañanera del 8 de septiembre pasado, al no lograrse las ventas de los “cachitos” por la ciudadanía, se anunció que el Gobierno se quedaba con 956,000 cachitos (aproximadamente por un monto de 478 millones de pesos), a costa del presupuesto del INDEP, quien justificó esta compra como gastos en salud, siendo esto una ilegalidad más, ya que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es muy clara en establecer que los recursos públicos deben destinarse sólo a servicios públicos y sociales.

Al 11 de septiembre, los últimos datos mostraban que de los 6 millones de boletos que se esperaba vender (para recaudar 3 mil millones de pesos en total) se vendieron sólo 4.2 millones de boletos (2.1 mil millones de pesos). De esta venta, hay  que descontar una comisión del punto de venta de 10% (210 millones de pesos). Es decir, hubo una "ganancia" de 1,89 mil millones de pesos, monto menor a los premios que se tienen que pagar por lo que la “no rifa” además de irregular, fue un fracaso.

Para aumentar las suspicacias, el titular del INDEP presenta su renuncia días después de la “no rifa”, tras señalar diversas irregularidades tipificables como corrupción y puntualizar además que el cheque con el cual se pagarían los premios de la rifa, fue devuelto a la Fiscalía General de la República porque no se pudo acreditar que procedían de un aseguramiento, ni el destino de dichos recursos.  A pesar de ello, el presidente señaló que el dinero está asegurado y es un asunto de  procedimiento, aunque éste se encuentra en trámite. Remató expresando que se prepara una nueva rifa para el próximo año.

Hoy, en México estamos viviendo una administración pública que no tiene pies ni cabeza. Una administración de ocurrencias y no de acciones con rumbo definido. La terrible situación sanitaria y económica, agravada por la pandemia a nivel mundial, demanda que el Ejecutivo Federal deje a un lado las ocurrencias y gobierne con visión de estado para darle rumbo al país.

Estos temas que pone el ejecutivo en la agenda pública no son lo que los mexicanos quieren escuchar para mejorar su calidad de vida. Por ello, México requiere una oposición fuerte, que impulse verdaderos ejercicios de rendición de cuentas del Gobierno.

El próximo año electoral representa un reto para que la oposición logre convencer a la ciudadanía, con el objetivo de arrebatarle la mayoría a Morena y aliados y poder frenar la destrucción que están ocasionando al país.

Es el momento de exigir políticas públicas con visión de Estado.  En el grupo parlamentario del PAN, asumimos la responsabilidad de trabajar de la mano con la sociedad. Es por ello, que dentro de nuestra agenda legislativa  impulsamos propuestas que pretenden restaurar a México tras las malas decisiones gubernamentales.