La semana pasada fue estelarizada por dos singulares eventos: la solicitud de Consulta Popular sobre el juicio a expresidentes –respaldada por alrededor de 2.5 millones de supuestas firmas ciudadanas entregadas al Senado– y el Sorteo Especial No. 235 de la Lotería Nacional, la célebre rifa del avión presidencial (sin rifa y sin avión presidencial). Si algo identifica a ambos procesos son las irregularidades que los rodearon.

Recordemos que la Consulta Popular es un mecanismo de democracia participativa mediante el cual las personas expresan su opinión sobre temas de gran relevancia para el país y su resultado puede ser vinculante.

Nuestra Constitución reconoce tres medios para convocar una Consulta: a petición del presidente de la República (que debe ser analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación); por solicitud del equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión (la solicitud deberá ser aprobada por ambas cámaras y después enviada a la SCJN); o bien, por solicitud de ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

En este último punto, me gustaría ampliar la explicación del procedimiento:

Al 27 de marzo de este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) registraba 90 millones 036 mil 367 ciudadanos y ciudadanas en la lista nominal de electores. El 2% de esa lista representa 1 millón 800 mil 727 personas; es decir, este es el número de firmas necesarias para que la ciudadanía pueda promover una Consulta Popular. Una vez recolectadas, las firmas se remiten al Congreso, quien a su vez las remite al INE para que se verifique la legalidad de las firmas. El Instituto tiene 30 días para realizar esta labor y, en caso de ser verificadas, sigue el turno de la SCJN para analizar la propuesta de pregunta: su viabilidad y constitucionalidad.

Como podemos ver, el proceso no es nada sencillo, ni rápido. En suma, no hay garantía de que una solicitud se convierta efectivamente en una Consulta Popular.

En el caso de la Consulta para determinar si se debe procesar, o no, a cinco expresidentes por la presunta comisión de ilícitos durante su Gobierno, es importante recordar que se trata de una propuesta planteada originalmente por el entonces candidato a la presidencia Ricardo Anaya, en marzo de 2018. En ese momento, el hoy titular del Ejecutivo federal desechó la iniciativa y pidió que mejor se presentaran las denuncias correspondientes.

Resulta curioso que esa propuesta, desestimada hace dos años porque sólo tendría un uso político, sea hoy una de las grandes banderas de la actual Administración Pública federal.

Esta pretendida Consulta Popular es cuestionable desde su origen: la propia recolección de firmas, más que un procedimiento ciudadano, parece haber sido una movilización partidista (morenista).

Esta etapa inició el 30 de agosto. Se instalaron módulos de firmas en todo el país, con personas dedicadas a promover el procedimiento y recolectar los apoyos. ¿Voluntarias todas, servidoras públicas algunas, contratadas otras? Esto no lo sabemos, ni lo sabremos, porque no existen mecanismos para garantizar la transparencia ni la rendición de cuentas al respecto.

Otra de las grandes preguntas en torno a la Consulta, que ya ha sido discutida en diversos medios de comunicación, es: ¿cómo se alcanzó el número necesario de firmas antes de la fecha límite para su entrega (15 de septiembre)?

El pasado lunes 14 de septiembre se había anunciado que hacían falta 800 mil firmas, por lo que el presidente preparó una propuesta de Consulta Popular en el mismo sentido que la iniciativa “ciudadana”, estimando que no se podrían recolectar las firmas faltantes en el día que restaba del plazo para entregarlas al Congreso.

No obstante, en un lapso de 36 horas, se juntaron supuestamente más de 2 millones de firmas; es decir, durante 36 horas seguidas se recolectaron 12 firmas por segundo, una cifra por demás improbable. Ahora toca al INE validar las firmas; si lo hace, después tocará a la Corte determinar si la Consulta es válida o no.

Finalmente, si tan seguros están de los ilícitos cometidos por expresidentes y se cuenta con pruebas en su contra, quizás lo más sencillo habría sido presentar una denuncia en la Fiscalía General de la República. Por supuesto, este corto y efectivo camino no tendría todos los reflectores que la pretendida Consulta ha tenido hasta el momento.

La supuesta rifa del avión presidencial, en cambio, es el claro ejemplo de que en el actual Gobierno las ocurrencias se convierten en órdenes que se deben ejecutar a como dé lugar.

A principios de este año, cuando el presidente planteó la idea de rifar el avión presidencial, la propuesta generó emoción entre algunos, pero dudas entre muchos otros: ¿Una “rifa” de esta naturaleza era legal? Si se rifaba un avión cuyo costo de mantenimiento asciende a 1.7 millones de dólares anuales, ¿cómo podría pagarlo un ciudadano, en caso de ganarlo? ¿Dónde lo “estacionaría”?

Para responder a estas legítimas dudas, el Gobierno planteó pagar el servicio de mantenimiento del avión por uno o dos años. Sin embargo, conforme el proceso se formalizó y comenzó a avanzar, cambiaron de opinión.

En lugar de rifar el avión, se entregarían 100 premios de 20 millones de pesos cada uno (sumando el valor total del avión); cada boleto costaría 500 pesos y todo el dinero recolectado se destinaría al sector salud de nuestro país. Se calculaba vender más de 6 millones de “cachitos”; desafortunadamente, las cuentas fallaron.

Pese a que en todas las instancias de Gobierno –incluyendo el Senado de la República– los trabajadores fueron obligados a adquirir “voluntariamente” boletos del sorteo, y pese a que el Gobierno federal destinó al menos 500 millones de pesos para la compra de “cachitos”; sólo se logró vender la cantidad de 4 millones 685 mil 800 billetes, lo que representa el 78% del total, con un ingreso de 2 mil 342 millones de pesos, sin contar los premios de la “rifa”.

Sin embargo, no podemos pasar por alto los gastos por anualidades, mantenimiento, pago de seguros, refacciones, entre otros, que ha generado el avión presidencial desde que, en 2018, se decidió no usarlo más; gastos que se calculan en mil millones de pesos, aproximadamente.

Con todo esto, ya se anunció que el “éxito” de la rifa fue tal, que el próximo año tendremos un nuevo sorteo de esta magnitud.

La terquedad y la irracionalidad de este Gobierno federal podrían parecer sorprendentes, pero sus grandes esfuerzos para llevar a juicio a expresidentes y “rifar” un avión que simboliza los excesos y la corrupción del pasado resultan comprensibles o hasta lógicos de cara al proceso electoral de 2021. Ninguno de estos espectáculos sería “necesario” si el Ejecutivo tuviera verdaderos logros para comunicar a la ciudadanía, pero no los tiene.

Es nuestro deber alejar a México de estos engaños para acercarlo a la verdadera justicia y a la verdadera democracia participativa, que tanto se necesitan.

*Presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado