[OPINIÓN] Derecho a la información y redes sociales, dogmática jurídica en construcción

El uso de las redes sociales digitales demanda una regulación a través de normas construidas en la comunidad internacional.

Julio César Bonilla Gutiérrez*

Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

 

La protección de los derechos consagrados en el artículo 13 del Pacto de San José, en las dimensiones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde las distintas aristas que derivan del uso de las redes sociales digitales, demanda una regulación a través de normas construidas en la comunidad internacional y direccionadas al interior de los Estados, en tanto que la evolución de los medios de comunicación propicia la difusión de información más allá de límites fronterizos.

Los conceptos de ciberespacio, Internet y redes sociales digitales, dada su incidencia en diversas latitudes y ramas del Derecho, ameritan la construcción de una dogmática jurídica conjunta. La tarea, como es de suponer, va más allá de la competencia de los entes especializados, ya sea de manera aislada o integrados en Sistemas Nacionales.

A propósito de ello, es dable apuntar que hace unos días el Sistema Nacional de Transparencia aprobó las “Políticas Generales para la Difusión de Información Pública Mediante las Redes Sociales Digitales”. En ese proceso, el voto del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México fue en contra, por considerar que su emisión invade las facultades del Congreso, previstas en la fracción XXIX-S del artículo 73 de la Constitución federal. Con esa aprobación se regula libertad de expresión y derecho a la información vinculados a redes sociales, además de que vulnera los principios de reserva de ley y superioridad jerárquica de la misma.

En nuestra consideración, la regulación de redes sociales digitales es una tarea que corresponde al Estado Mexicano en conjunto con la comunidad internacional, entre otras, la ONU, la OSCE, la OEA, la CIDH y la CADHP por cuanto hace a la tutela de la libertad de expresión y el derecho a la información, a semejanza de los trabajos que esas instituciones han llevado a cabo en la regulación de internet, y que dieron origen a la “Declaración de Principios para construir la Sociedad de la Información”, la “Declaración Conjunta Sobre Libertad de Expresión e Internet” y el “Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”, de 2013.

Foto Internet

Documentos en los que a este caso interesa, hacen referencia a la construcción de una sociedad de la información centrada en la persona; sostienen que los enfoques de reglamentación para otros medios de comunicación no se pueden transferir sin más a Internet, sino ser diseñados específicamente para este medio; exponen que la “gobernanza” de internet implica un proceso multipartito en el que todos los puntos de vista se tengan en cuenta; destacan que ningún actor puede atribuirse su regulación exclusiva y que los Estados deben fomentar la cooperación de todos los sectores a nivel nacional como internacional.

No pasa desapercibido que la labor jurisdiccional ha generado contenidos en la materia, sin embargo, la certeza y la seguridad jurídica sólo germinarán a partir de una sólida base convencional que se replique a nivel constitucional y legal.

 

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