El pasado 11 de mayo -en medio de un entorno económico de recesión y de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 - el presidente de México publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, oficializándo así la militarización de las tareas de seguridad pública en el país.

Sin duda, no existe un sólo mexicano que no esté a favor de que se combata la inseguridad; por el contrario, todos anhelamos que haya seguridad y paz en nuestro país y que no vivamos con el miedo permanente de ser víctimas de la delincuencia.

Sin embargo, desde Acción Nacional advertimos que este acuerdo que militariza al país, presenta un incalculable riesgo, una amenaza real que sobrepasa el ámbito de la seguridad pública y que podría atentar contra el sistema de nuestras libertades individuales.

Pone de manifiesto también, la incongruencia y contradicción de quienes ahora detentan el poder, pues desde la oposición y a lo largo de 12 años, señalaban que utilizar al ejercito para combatir el crimen organizado y el narcotráfico -que habían escalado niveles de violencia nunca antes registrados, atentando contra la vida y el patrimonio de ciudadanos inocentes - no debía ser la solución, que había sido una estrategia fallida, por lo que apenas tomaran el poder regresarían "la tropa al cuartel".  


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La postura de Acción Nacional y los diputados al otorgar el voto de confianza al presidente López Obrador y aprobar las reformas que crearon la Guardia Nacional, se dio bajo la premisa de que la seguridad pública quedaría al mando de autoridades civiles; además de respetar las competencias de los delitos federales y locales; el fortalecimiento de las capacidades locales; y de incrementar los fondos de seguridad pública, entre otros.

El ejecutivo incumplió el compromiso de concentrar el mando civil en materia de seguridad, ya que miembros de las fuerzas armadas son titulares de la Guardia Nacional, a pesar de estar expresamente prohibido.

Asimismo, la reforma constitucional aprobada en enero del 2019, contempla la utilización del ejército sólo en tanto se conformaba la Guardia Nacional, siempre y cuando observara los siguientes requisitos: que se utilice de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El nuevo Decreto no profundiza en estos requisitos, ni detalla su implementación.

Con este nuevo decreto presidencial, coincidimos con los organismos internacionales como la ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte y académicos de prestigio, en señalar que utilizar a las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, compras gubernamentales, construir aeropuertos y lo que se acumule esta semana, es contrario a su naturaleza constitucional de protección a la seguridad nacional. Es romper con lo que es su esencia.

El Gobierno pretende que las fuerzas armadas ahora sean quienes patrullen nuestras calles, cumplimenten órdenes de aprehensión, de cateo y realicen tareas de investigación, interviniendo incluso llamadas telefónicas, haciendo del ejército un ministerio público, sin contar con los conocimientos y aptitudes necesarias y con las consecuencias que ya se han vivido de molestia a la sociedad y violación de derechos humanos.  


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Es innegable el reconocimiento de la capacidad de las fuerzas armadas y su compromiso en las diversas tareas encomendadas, para nadie es desconocido su invaluable apoyo en los desastres naturales y como su valentía y los actos de  heroísmo han salvado vidas. Es precisamente por ello que debemos cuidarlas y protegerlas de cualquier intento de desvirtuar su tradición de lealtad a la patria y a sus ciudadanos.

Tenemos un país ensangrentado, un país que necesita soluciones y que va mucho más allá de partidos y de ideologías, hoy lo que necesitamos es un país con seguridad y sin guerra.

Los diputados de Acción Nacional presentaremos una controversia constitucional para echar abajo este acuerdo que violenta la constitución.La seguridad pública es materia de ley, por lo que es una atribución del Congreso de la Unión; una vez más el presidente violenta la separación de poderes al querer legislar mediante decretos.

En Acción Nacional estamos a favor de la seguridad de las familias, pero no de militarizar la seguridad pública. Vigilaremos el actuar del ejecutivo con apego a la constitución y rechazaremos cualquier amenaza autoritaria.