“Ya no hay corrupción ni impunidad tolerada arriba; es decir, en los niveles más altos del Gobierno”, afirmaba el titular del Poder Ejecutivo federal mientras ondeaba un pañuelo blanco en su conferencia de prensa del 17 de septiembre de 2019. 

Dicha declaración la emitía tan solo unos días después de que una investigación periodística exhibiera el patrimonio inmobiliario no declarado por más de 800 millones de pesos, de una de las figuras políticas más cercanas a él: Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien sería exonerado por la Secretaría de la Función Pública de los cargos de conflicto de interés y enriquecimiento oculto, tan sólo unos meses después de los señalamientos.

Más que una anécdota, este es tan sólo un caso de una amplia lista que incluye a militantes, simpatizantes, representantes públicos y funcionarios del actual Gobierno, que indican claramente que en México la corrupción no sólo no se ha acabado, sino que se incrusta con mayor fuerza en nuestro sistema político bajo un cobijo de impunidad que beneficia a los de siempre, a los cercanos, a los mismos.

Esta situación resulta más indignante cuando la analizamos en el contexto de la emergencia sanitaria por la que atravesamos y que nos remite a ese mismo discurso del 17 de septiembre, en donde el presidente no solo declaró el fin de la corrupción sino también del influyentismo.


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“Antes había proveedores que tenían influencia, que por eso ganaban las licitaciones, los contratos […], ya no”, afirmó el mandatario mintiendo y manipulando la información como acostumbra hacerlo día a día para mantenerse en el agrado de la gente y con el objetivo de borrar, por lo menos del imaginario colectivo, los actos de corrupción y la opacidad que caracterizan a su Gobierno.

La verdad es que el IMSS otorgó contratos millonarios a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Bartlett Díaz, por la compra de ventiladores para terapia intensiva a precios elevados; transacción que terminó en un fiasco puesto que la forma que encontraron para salir del escándalo fue cancelar el contrato por incumplir los estándares de calidad dichos ventiladores.

Adjudicaciones directas de contratos millonarios a empresas de familiares y personas cercanas del Gobierno, es una de las constantes de esta gestión, mientras funcionarios públicos obtienen investigaciones a modo para ser exonerados por actos de corrupción.

Estas invariables características de la actual administración logran pasar desapercibidas por una parte de la población que confía en el discurso político manipulador y demagógico del presidente, ya que mientras aumenta la confianza en el Gobierno, también aumenta la tasa de prevalencia de la corrupción en México, como lo señaló el Inegi en su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019.

La corrupción no es nueva en nuestro país, pero transforma Gobiernos en tiranías, oligarquías y demagogias, que es lo que está ocurriendo con nuestro país. Más que haber acabado con la corrupción, estamos avanzando hacia un camino de mayor opacidad en el quehacer y toma de decisiones gubernamentales.

Sin embargo, estamos a tiempo de cambiar ese rumbo fortaleciendo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), garantizando la autonomía de instituciones fiscalizadoras y de sanción, abriendo los datos y las licitaciones, y desmantelando la desinformación que desde las homilías presidenciales se ejerce.

Son las acciones concretas como las enlistadas anteriormente, las que abonarán al desmantelamiento de la corrupción en México, y no las giras presidenciales que en medio de una pandemia se enfocan en ensalzar proyectos personales del presidente, pero esa es otra historia.