Uno de los grandes retos para construir un nuevo régimen político en el país está en el combate a la corrupción. Ésta ha sido una parte fundamental del sistema político mexicano, ha sido una práctica institucionalizada que permea buena parte de nuestra vida pública.

Según la más reciente evaluación de Transparencia Internacional publicada en 22 de enero de 2020 sobre los índices de corrupción: “México obtuvo 29 de 100 puntos posibles en este instrumento internacional, lo que representa una diferencia de un punto respecto al 2018.

Con esta calificación, México se ubica en la posición 130 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional, mejorando 8 posiciones respecto a 2018, para ubicarse junto a Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo.”  (TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, 2020) 

También vale la pena tener presentes los datos que proporciona el INEGI, el cual nos dice que entre 2017 y 2019 el porcentaje de personas que considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en el país pasó del 91.1% al 87% en esos dos años; el mismo estudio indica que el 59.2% de los casos de corrupción tienen que ver con tratos con autoridades vinculadas a la seguridad pública, el 25% a trámites relacionados con la propiedad, y en tercer lugar se ubica los trámites en los ministerios públicos. El costo estimado de la corrupción en 2019 fue de 12 mil 770 millones de pesos, con un promedio de 3 mil 822 pesos por persona afectada. (INEGI, 2019) 

En este contexto, el proyecto de la 4ª Transformación tiene una oportunidad histórica de demostrar que el proceso de cambio es profundo y de largo aliento. Están un curso tanto en el país como en los Estados Unidos cuatro procesos cuyas repercusiones están por verse. Hay mucha información que tendrá que salir a la luz pública, múltiples actores de la vida pública, particularmente, vinculado al antiguo régimen serán señalados e implicados en los procesos penales en curso.

Me refiero al proceso penal que se sigue en una corte de Nueva York a Genero García Luna, acusado por el Gobierno norteamericano de narcotráfico y protección al Cartel de Sinaloa; el proceso seguido al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido también en los Estados Unidos y en proceso de extradición a nuestro país, acusado por la Fiscalía de Justicia de Chihuahua de lavado de dinero, defraudación fiscal, e implicado en la llamada “Operación Safiro” en el financiamiento ilícito de las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el año 2015, y los dos causas penales en curso en contra de Emilio Lozoya Austin por los casos de la compra vente de la planta de Agro Nitrogenados y los sobornos y financiamiento ilícito por parte de Odebrecht para la obtención de contratos, y el financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.


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Lozoya ha decidido colaborar con la Fiscalía General de la República a cambio de su información y colaboración que arrojará muchos nombres y presuntos responsables de actos de corrupción, recibirá los beneficios que la ley permiten. En el caso de César Duarte hay varios ex gobernadores del PRI involucrados en el financiamiento ilícito de campañas.

Los alcances de estos procesos serán trascendentes, van a cimbrar de manera profunda a importantes lideres y grupos de los partidos opositores al gobierno de la 4ª Transformación. Las ondas pueden llegar a dos de los expresidentes del país: Felipe Calderón en el caso de Genaro García Luna y a Enrique Peña Nieto.

Sin lugar a dudas que tendrán grandes repercusiones políticas y legales. La autoridad y credibilidad de diversos actores y fuerzas políticas están en entredicho, así como la legitimidad y fuerza del proceso de transformaciones en curso.

Estos procesos deben ayudar no sólo a que se haga justicia, deben sentar las bases también para consolidar una nueva institucionalidad que acote al máximo las prácticas de corrupción que aquejan a la administración pública en los tres niveles de Gobierno, tanto la de gran envergadura, como la cotidiana que se ve y sufre a diario en los diversos trámites y servicios que prestan los Gobiernos. Se debe empezar por los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia. La corrupción alimenta la impunidad y la injusticia, la corrupción permite el avance y la penetración de el crimen organizado en las instituciones. La honestidad debe ser la cara del nuevo régimen político que el país reclama.