Esta semana nos enteramos que Santiago Nieto, en su carácter de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP, con el propósito de coadyuvar a la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, presentó una denuncia en contra del denominado Cártel Inmobiliario ante la Fiscalía General de Justicia capitalina encabezada por la ex diputada de Morena, Ernestina Godoy.

Los probables delitos son operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito en contra de Raúl y Alejandro Ruíz Herrera, quienes trabajaron en las notarías 215 y 233 respectivamente, adicionalmente está señalado el titular de la Notaría 215, Uriel Oliva Sánchez, a quién señalan por tener identificadas cuentas bancarias en el extranjero, hasta aquí los posibles delitos son sólo de carácter financiero.


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Pero como reza el sabio refrán: “El demonio está en los detalles”, y el detalle es el nexo vía María Vanessa Arroniz Sehedi, la representante legal de las empresas BAITA y DEKAH ligadas con Simón Neumann, el extitular de Seduvi en el Gobierno anterior, ya que dicha representante a decir de Santiago Nieto es además pareja sentimental de Fausto Ernesto Galván, otro exfuncionario de Sedeco de la administración pasada.

Durante campaña, la entonces candidata y ahora jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se llenó la boca prometiendo combatir al Cártel Inmobiliario y acusando al entonces jefe de Gobierno y ahora senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, de una gestión pestilentemente corrupta en materia de desarrollo urbano, y en consecuencia no ha obrado. Tal pareciera que los capitalinos por aclamación popular hubiesen votado en contra de inhabilitar funcionarios corruptos y meter a la cárcel a quiénes abusaron del poder en el pasado.

Lejos del espíritu lópezobradorista de castigar la corrupción del pasado, la actual administración no ha sido capaz de presentar una sola denuncia penal por parte de Seduvi. Nada es nada, ni contra exfuncionarios, ni contra particulares por obras irregulares y/o documentos apócrifos. Vaya desvergüenza que tenga que venir desde SHCP el combate y castigo a la corrupción del dinero presuntamente mal habido.

Desde diciembre de 2012 como panista decidí otorgarle el beneficio de la duda a todo el gabinete de Mancera, excepto a Simón Neumann, por el grotesco conflicto de intereses que encarnaba en Seduvi. El tiempo no tardó en darme la razón y él confirmó lo acertado de esa reserva política. Lo irónico del caso es que a pesar del señalamiento por parte de la UIF a la representante legal de las empresas del ex secretario, no hay en el pliego de la denuncia aún un solo exfuncionario de Seduvi, sino solo de Sedeco.


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Bajo la máxima de follow the money, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, si las logra confirmar la UIF con la ayuda de la Fiscal de Godoy, deberían llevar a “moches” por operaciones inmobiliarias y registradas ante dichas notarías, de los cuales se beneficiaron indebidamente integrantes del Cártel Inmobiliario, pero irónicamente no se detectó, hasta dónde se sabe, afectación patrimonial indebida con recursos ilícitos de ningún exfuncionario de Seduvi.

Eso es un insulto a nuestra inteligencia. Es tan pueril como suponer que aquellos que mediante corrupción se han enriquecido con contratos de Pemex lo hicieron sin el contubernio de los funcionarios de la petrolera mexicana, dicho de otra forma, es como imaginar transas en la planta de Agronitrogenados sólo con la probable responsabilidad de AHMSA y Alonso Ancira, sin Emilio Lozoya; es como imaginar la Estafa Maestra sin el supuesto conocimiento de Rosario Robles y únicamente con la colusión de Rectores de Universidades Públicas Estatales; es como imaginar el Fobaproa sólo como responsabilidad de banqueros corruptos y no de funcionarios de la SHCP que hacían negocios con ellos.

La gran ironía es que en la medida en la que avance la carpeta de investigación con Ernestina Godoy, acorralará cada vez más a Sheinbaum a proceder legalmente en contra de otras empresas del Cártel Inmobiliario, e incluso en contra de exfuncionarios de esa administración que siguen en Seduvi y que siempre avalaron esas obras. Los criterios de oportunidad pueden ser un tsunami de información que rompa el cochinito de la campaña de 2024 abierto con el romance derivado de la reactivación económica de la CDMX con motivo de la pandemia.

A guisa de ejemplo retomemos tan sólo dos pendientes de las traiciones inmobiliarias de Sheinbaum. Primero, los dictámenes de Impacto Urbano para manifestaciones de obra de más de 5,000 y 10,000 metros cuadrados, que incluyen las medidas de mitigación de la administración anterior y que criticó rabiosamente como candidata, fueron 251, tan sólo 42 (16.73%) han sido liberados totalmente y el mismo número parcialmente, presumiblemente un buen trabajo de la UIF y la Fiscalía capitalina descubrirán el destino de gran parte de esos “incumplimientos”. Segundo, el SAC Granadas con estimaciones de daño al erario de al menos 4 mil 800 millones de pesos que no entraron jamás al fideicomiso.

Si sólo se procede en contra de Simón Neumann y se otorga impunidad política con fines electorales al resto del Cártel Inmobiliario, estaríamos hablando de justicia partidista y de combate pírrico a la corrupción. Sería como hablar de corrupción en Pemex sólo a través de AHMSA y asumir que todos los demás contratistas fueron honestos en el Gobierno de Enrique Peña Nieto incluido HIGA; que sólo Lozoya y ningún catedrático de MIT jamás tuvo nada que ver con Pemex, ni siquiera Odebrecht; y que la Reforma Energética (aprobada el 11/octubre/2013) sólo ha generado inversiones impolutas salvo la de Agronitrogenados (20/diciembre/2013), y eso ni en una mañanera se sostiene.