Ante la emergencia sanitaria que en nuestro país se extendió hasta el 31 de mayo, el Gobierno federal otorgó un millón de créditos por 25 mil pesos para que propietarios de pequeños negocios pudieran enfrentar el paro de actividades por Covid-19. Los créditos, como todos sabemos, se entregaron a través de tres instituciones bancarias que no cobraron intereses.

Y así fue. El Gobierno depositó el dinero en estas tres instituciones: Santander, Azteca y Banorte para que los recursos fueran cobrados por quienes recibieron estos créditos.

Pero en medio de esta emergencia, no todas las instituciones se comportaron a la altura de las circunstancias. Hubo una, por lo menos, que aprovechándose de que muchos beneficiarios de los créditos tienen cuentas en ese banco, les descontaron los adeudos que tenían.

Como dicen en mi pueblo, se cobraron “a lo chino y lo cochino”.

De ahí que hubo quienes en lugar de recibir los 25 mil pesos del crédito otorgado por el Gobierno federal, sólo encontraron en sus cuentas entre 7 mil y 2 mil 500 pesos, lo que los puso en una difícil situación al quedarse sin el dinero de ese crédito con otra deuda que pagar, aunque sea con más facilidades.


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Habrá quienes justifiquen que esta práctica es común en los bancos; pero lo que no es común ni debemos tolerarlo, es que se cobren otros adeudos de los fondos públicos destinados a atenuar los efectos de una emergencia mundial como la que enfrentamos.

Esta irregularidad, por llamarla de alguna manera, nos obliga a blindar los recursos provenientes de apoyos, pensiones, becas, o cualquier otro concepto análogo, depositados por el gobierno federal o las entidades federativas, cuyo sustento sea el artículo 4º constitucional o las leyes secundarias cuyo espíritu sea el de ese precepto constitucional.

Ante esta situación, que ya fue informada ante las autoridades correspondientes y ya es investigada, trabajamos una iniciativa de ley que prohíba a las entidades que conforman el sistema financiero mexicano, a autocobrarse deudas de otra índole de los recursos destinados por el gobierno federal a programas sociales u otros emergentes como el caso que nos ocupa.


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Lo que buscamos con esta iniciativa de reforma constitucional, es invalidar las “letras chiquitas” de los contratos de adhesión que no sean entre banco y ciudadano; esas que establecen cargos a nombre del cliente y autoriza a los bancos a “jalar” dinero de otras cuentas. En este caso no debe ni puede ser así; los recursos provenientes de los programas sociales deben ser blindados porque tienen un fin de beneficio social que no puede ser desviado por nada ni por nadie, so pena de violar la Constitución.

Nuestra propuesta establece que la totalidad de los recursos que depositen el Gobierno federal o de las entidades federativas no pueden ser tocados. Deben ser entregados en su totalidad a los beneficiarios.

En caso de que se llegara a realizar algún descuento, podría establecerse algún tipo de sanción a la institución financiera, e incluso penal a sus directivos, propietarios, accionistas, así como de cualquier persona que directa o indirectamente se beneficie de ese cobro.

Además, queremos llamar la atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que asuma un rol más proactivo y con base en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros ordene a las instituciones financieras la supresión (y verifique que en los hechos se cumpla) de esas cláusulas abusivas en los contratos de adhesión.

Estos son otros tiempos, diferentes, y deben acostumbrarse que no se permitirán más abusos contra los que menos tienen.