La clara y peligrosa tendencia hacia el autoritarismo cotidianamente exhibida por el presidente de la República, está resultando desastrosa para el desarrollo económico del país, de por sí inmerso en una compleja crisis, agravada por la pandemia y profundizada por las acciones del Gobierno federal que, entre otras cosas, afectan la certidumbre jurídica para la inversión.

El Gobierno insensible, ineficaz y autoritario, ha contribuido a la peor caída económica en 100 años, así como a una escalada histórica de la violencia. Lejos de impulsar acciones para contrarrestarlas, este Gobierno ha asumido como prioridad eliminar las instituciones, los contrapesos y la división de poderes; creados por décadas de lucha constante de los ciudadanos por constituir y fortalecer la democracia. Hoy parece prevalecer el afán de que la voz y voluntad de un solo hombre sea ley.

Los más recientes ataques al poder judicial, con motivo de las resoluciones a las disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, así lo demuestran. Pero esta acción no ha sido la única; recordemos que desde el 10 de diciembre de 2018 el presidente propuso bajar los salarios de magistrados y jueces.


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Las amenazas se intensificaron en días pasados, dirigidas esta vez al Juez Segundo de Distrito Juan Pablo Gómez Fierro, quien resolvió suspender la entrada en vigor de la citada ley y originó con ello el envió de una carta al presidente de la Suprema Corte, solicitándole investigar al juez, al considerar que actuó en beneficio de particulares.  Por su parte, el ministro presidente Arturo Zaldívar le respondió al Ejecutivo que sólo si existieran elementos se iniciaría la investigación, con pleno respeto e independencia del Poder Judicial.

Resulta importante destacar que en el grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados dimos la batalla en el pleno, señalando el porque no debían de aprobarse estas reformas, ya que al estar plagadas de inconsistencias e insuficiencias técnicas y legales, traerán consecuencias nefastas para todos los mexicanos. Esa reforma es dañina para la economía, el medio ambiente y resulta además inconstitucional. No hay un solo concepto en el dictamen que sea rescatable. Sin embargo, bajo la premisa de la obediencia ciega y acrítica, los diputados de MORENA y sus aliados, la  aprobaron en lo general con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones.

Con la aprobación de este dictamen señalamos en su momento, que solo nos espera un futuro con apagones, falta de inversión en el sector eléctrico, luz más cara para los mexicanos y una CFE quebrada; por eso en el PAN votamos en contra de este insensato dictamen.


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La Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica a todas luces es inconstitucional, es un retroceso para México inhibe la inversión y por ende, afecta el desarrollo económico; pero además, por la forma en que fue aprobada y que busca hacerse valer representa un clavo más en el ataúd de la democracia mexicana.

Esta reforma implica además  la cancelación del cumplimiento de los compromisos del Desarrollo Sostenible de la ONU, que se refieren a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna; nos condena al consumo de una de las peores fuentes de energía como es el combustóleo.

Ni la presión, ni las amenazas del presidente pudieron imponerse a la razón jurídica; la suspensión definitiva otorgada tiene efectos generales, lo que quiere decir que no solo las empresas que promovieron el amparo se beneficiarán, sino todas aquellas que realicen actividades reguladas por el sector eléctrico


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La decisión adoptada por el Juez Segundo de Distrito se sustenta en la necesidad de proteger tanto el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la competencia y libre concurrencia del mercado de generación y comercialización de energía eléctrica. La suspensión otorgada tendrá efectos durante todo el tiempo que dure el juicio de amparo, el cual tiene un tiempo definido. Hasta el 19 de marzo de 2021, se habían ya otorgado varios amparos sobre dichas reformas.

Lo anterior generó que la Secretaría de Energía publicara en el Diario Oficial de la Federación, el aviso de que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, queda temporalmente sin efectos.

Ello beneficia a los actores que están dentro del mercado eléctrico mayorista, así como a todos los particulares que realizan alguna actividad en el sector eléctrico o quienes están en trámites para ingresar a dicho sector y todos los demás sujetos que se ubican en el régimen transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica.

Ante los fallos en contra de las enmiendas impulsadas por Morena, el presidente amagó con impulsar una reforma constitucional en caso de que los cambios sean declarados inconstitucionales, esperando que el Congreso de la Unión legisle como quiere el Ejecutivo.

Los reveses jurídicos sufridos ante sus ocurrencias, no lo detienen. En días  pasados nuevamente el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una contrarreforma petrolera, cuya intención es devolverle a Pémex el monopolio, eliminando la competencia entre gasolinerías. Se trata de una expropiación de facto. Ahora todo sobre la Ley de Hidrocarburos mediante la modificación de 5 artículos y la adición de un artículo 59 bis, buscando revertir la Reforma Energética de 2013.

En el mismo tenor autoritario, ante la cancelación de varias candidaturas del partido Morena, especialmente la de su candidato a la gubernatura de Guerrero, nuevamente arremetió contra el INE; pero esas son otras historias de las que hablaremos pronto.

Acción Nacional no se someterá a caprichos absurdos que agredan el marco jurídico de nuestro país.

Felicidades a nuestro Poder Judicial por suspender la Ley de la Industria Eléctrica y detener el retroceso para México. Cuentan con Acción Nacional para defender la división de poderes.