Casi 80 mil muertos a causa de la pandemia, más de 20 mil asesinatos en lo que va del presente año y una economía colapsada constituyen el reflejo de la realidad mexicana, un retrato del país al que Andrés Manuel López Obrador prometió sanear, regenerar, colocar en un sitio acorde con su historia y su gente.

Sin embargo, la plática cotidiana no tiene como punto principal este fracaso y las razones que lo explican. No, el debate se ha dispersado hacia la celebración de la consulta propuesta por el presidente para preguntar a la población si está de acuerdo con juzgar a quienes gobernaron a México entre 1988 y 2018, y en los pleitos del primer mandatario con la prensa y los intelectuales, así como en otros asuntos baladíes, ajenos a la profundidad de la actual crisis.

No se piense que se ha llegado a este punto porque la gente no está preocupada por su futuro y presente. Al contrario, la dificultad del momento se refleja en las pláticas con amigos, vecinos, familiares o compañeros de trabajo, en las redes sociales y los medios tradicionales, pero la intrusión de temas como el de la consulta no es fortuito, sino que deriva de la exigencia ciudadana por ajustar cuentas con el pasado, aunque también de la insistencia machacona del presidente por hacer de tales asuntos un instrumento de propaganda, un discurso de campaña hacia la elección de 2021.

El presidente sabe que no existe impedimento alguno para juzgar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, en el caso de que existieran elementos para suponer la comisión de algún delito por parte de ellos (¿por qué no habrá incluido a Echeverría?). Sin embargo, López Obrador ha condicionado la realización de un hecho de esta naturaleza a la celebración de una consulta que deberá llevarse a cabo en 2021, advirtiendo de antemano que él está a favor de dar la vuelta a la página. Una postura extraña que parte de la falsa piedad, de una pretendida superioridad moral, pero que apela al revanchismo social, al desprecio a las leyes y a sus operadores. Todo esto, ante el silencio del Fiscal General de la República, a quien poco parece importarle que la autonomía de su encargo se encuentre bajo asedio.

El ministro Luis María Aguilar Morales ha hecho lo que a todo jurista competente le corresponde: negarse a avalar la realización de la consulta, argumentando que la petición presidencial no es más que un “concierto de inconstitucionalidades”. Queda por ver el resultado de la votación el Pleno, pero el primer paso tendiente a detener el despropósito se ha dado y eso es de celebrarse. Vendrán presiones y bloqueos, insultos y acosos cibernéticos, pero los integrantes de la Corte están obligados a preservar su carácter de aves de tempestades.

La gravedad de la actual coyuntura llama a centrar nuestra atención en los principales problemas que aquejan a México: la pandemia, la violencia y la debacle económica. Podrá haber otras agendas, todas a cual más de respetables, pero ninguna supera en importancia a los tres asuntos antes mencionados. Debe evitarse caer en el juego presidencial que nos llama a voltear la mirada hacia donde él lo propone, valiéndose para ello de un bote y un palito, de chinampinas que pretenden ocultar con su ruido la falta de resultados de la actual administración, su manejo poco escrupuloso de las finanzas nacionales, la carencia de empatía ante las víctimas del coronavirus, la nula respuesta ante el quebranto de empresas y familias. La nueva normalidad pasa por la resolución de los problemas que aquejan a la población, no por los rencores, el voluntarismo o las puntadas de quien despacha en Palacio Nacional.