La Ciudad de México enfrenta cada momento una enorme variedad de problemáticas sociales, económicas, fiscales y de seguridad, derivadas todas de su ubicación y de la falta de planeación, o peor aún, al deterioro del proyecto urbano por décadas.
Hoy ante la coyuntura de un nuevo régimen político, una nueva Constitución y una inaudita participación social en los temas urbanos, tenemos la oportunidad de comenzar a prevenir y remediar algunas de estas problemáticas. Trataré de hacer un análisis de caracterización, consecuencias sociales y posibles políticas fiscales aplicables.
Comencemos por la Constitución Política, ¿qué dice?
El concepto de vivienda digna y decorosa se menciona en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se refiere al derecho que tenemos los mexicanos de contar con un espacio para habitar; que nos permita vivir dignamente y con decoro. Pero ¿qué es lo digno?, ¿qué es lo decoroso?
La Constitución Política en su artículo 4 establece que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano y a disfrutar de vivienda digna y decorosa para su desarrollo y bienestar.
Además, la Ley de Vivienda vigente en México abunda sobre este derecho, definiendo a la vivienda digna y decorosa como aquella que:
- Cuente con espacios habitables y auxiliares,
- Cuente con los servicios básicos,
- Contemple criterios para la prevención de desastres y de protección civil,
- Brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y, cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de: asentamientos humanos, construcción y salubridad. (Flores, 2016)
El Código de Edificación de Vivienda publicado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) establece tres ámbitos fundamentales de atención en lo relativo a la vivienda en el país. (Comisión Nacional de Vivienda, 2010)
- Funcionalidad.
- Seguridad.
- Habitabilidad y Sustentabilidad.
- Relativos a la funcionalidad: Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en la edificación, que permitan un uso satisfactorio de las viviendas y unidades habitacionales.
- Relativos a la seguridad: Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en las viviendas y unidades habitacionales, o partes de estas, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
- Relativos a la habitabilidad y sustentabilidad: Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estabilidad en el ambiente interior de las viviendas y unidades habitacionales y que éstas no deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, con el diseño y desarrollo del sitio, diseños sustentables de (Flores, 2016) las envolventes, instalación de sistemas y equipos energéticamente eficientes, aprovechamiento de energías renovables, iluminación eficiente, uso eficiente del agua, adecuada gestión de toda clase de residuos, etc.
Hay estudios que estiman que el costo de la prevención social de desastres naturales, actuando en temas de seguridad estructural, constructiva y espacio público adecuado representan la décima parte del costo implicado en resolver conflictos y necesidades sociales, reconstrucción y dotación de vivienda adecuada posterior a un desastre.
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Por otro lado tenemos que el suelo más económico y apto para ser ocupado y densificado en las ciudades - donde la vivienda aún podría ser accesible a los más bajos estratos sociales - no debería estar disponible, pues no cuenta con las dos seguridades elementales, la jurídica y la física derivado de la precariedad de su origen.
¿Será que este es el momento de revalorar la importancia de la arquitectura social?, de poner a trabajar a los miles de egresados de nuestras escuelas de arquitectura e ingeniería en proyectos de mejoramiento, sustitución o diseño de vivienda en estas zonas de asentamientos complicados e irregulares que ocupan mucho más de la mitad de la vivienda de nuestras ciudades con muy altos costos de dotación de servicios, sin pago de impuesto predial y contribuciones. Quizá con el costo contingente más caro de todos, provocado por desastres naturales y por falta de atención y marginación social.
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