El reto de la Ciudad de México en materia de planeación y desarrollo era y es concretar el marco jurídico que permita poner en orden el desarrollo urbano con una visión sustentable de largo plazo, a través, de su fusión con la materia medioambiental en un nuevo concepto el ordenamiento territorial. En cuanto a la visión de Gobierno, la idea de la Asamblea Constituyente fue crear una instancia con suficiente autonomía, facultades y presupuesto para concertar con vecinos el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial.

En una ciudad que no ha podido actualizar su Programa General de Desarrollo Urbano desde 2003, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX, como instancia ciudadana –que no partidista–, fue concebido para formular conjuntamente con los ciudadanos y el Gobierno los instrumentos de planeación pero, sobre todo, la responsabilidad de concertarlos antes de remitirlos al Congreso.


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La idea es que los instrumentos transexenales de planeación, como el Plan General de Desarrollo –con vigencia de 20 años– y el Programa General de Ordenamiento Territorial –con vigencia de 15 años– puedan ser aprobados y trasciendan a la administración de Sheinbaum, porque no sólo reflejan su visión, sino también la visión y aportación ciudadana que los debe hacer viables para esta y las siguientes administraciones, incluso si son encabezadas por otros partidos políticos.

Lo que fue una proclamación de guerra de la entonces candidata Sheinbaum –en uno de los debates organizados por el IECM– al “Cártel Inmobiliario”, empezó bien con la cancelación de 48 proyectos ilegales sobre la Carretera a Toluca, que no contaban con factibilidad hídrica, y todos con un común denominador: habían sido aprobados por un funcionario menor (Director de Área), firmando “por ausencia” –a pesar de no contar con atribuciones– para que el Jefe corrupto (Director General) no corriera ningún riesgo por autorizar esos proyectos ilegales.

En ese mismo supuesto está el proyecto Flow en Miguel Hidalgo; sin embargo, en ese caso no aplicaron ese criterio, desde ahí empezó a oler mal el tema, desde ahí empecé a tener dudas del supuesto combate.

En el marco de esa impunidad, la pandemia por el Covid-19 les vino “como anillo al dedo” a los desarrolladores, quienes pasaron de ser miembros de un cártel, a ser el principal aliado de Sheinbaum para la reactivación económica; y una vez más, el dinero dobló al Gobierno capitalino, desde Palacio Nacional y las consignas de no combatir a los amigos de la 4T y de no castigarlos, ni exigirles que devuelvan lo robado, y mucho menos meterlos a la cárcel.

 

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Desde entonces capturada por los intereses inmobiliarios y necesitada de la generación de empleos y reactivación económica que el Cártel Inmobiliario aporta a la CDMX, Sheinbaum ha saboteado y obstaculizado todo intento ciudadano por construir un Instituto de Planeación independiente y ciudadano, para que lo que tengamos sea un nuevo apéndice de su oficina con nula participación ciudadana y plenamente subyugado a una visión única de ciudad.

Se trata, en suma, de una traición monumental al espíritu de la Constitución y de una incongruencia personal supina de Sheinbaum. Vaya ironía que sea alguien que se ufana de ser científica quien no ha sabido o no ha podido transformar el desarrollo de la ciudad y su crecimiento en una materia ciudadana con rectoría técnica, y en vez de ello, actuara como tanto criticó a gobernantes anteriores: como si fuera la apoderada legal del Cártel Inmobiliario.

Con la confección del Instituto de Planeación ‘carnal’ se pretende abusar de los nuevos derechos y facultades que la Constitución local le dio a lo que debió haber sido una instancia ciudadana y no una tesorería electoral de Morena en CDMX. Encima de todo eso, ahora Sheinbaum pretende darle el tiro de gracia con hambruna presupuestal.

En efecto, en su propuesta de Presupuesto para 2021, Sheinbaum, fiel a su estilo autoritario y dictatorial, pretende que sea ella y no el Congreso, quien determine el monto del Instituto a través de una “tanda presupuestal” en la que SEDUVI, SEDECO, SIBISO y SERVIMET, a propuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas, determine la aportación de cada ente dentro de su presupuesto autorizado para 2021.

Ese es el tamaño que le da Sheinbaum a la Planeación y al Desarrollo de la CDMX, y en esa misma medida define su estatura política, dejando la vara de la Asamblea Constituyente a años luz de su visión de Gobierno y su convicción democrática. En 2019 el presupuesto aprobado al aún inexistente Instituto de Planeación fue de apenas $7,129,470.00; pero para 2021 no se propone monto alguno, y sería una “coperacha” a costo compensado con cero monto establecido.

Sólo para comparar la estatura de Sheinbaum comparto estos datos de 2020 que me parecen relevantes. El Presupuesto de León es de $7,177,168,548, y el del Instituto de Planeación de aquel municipio es de 34.4 mdp; mientras que el Presupuesto total del Estado de Guanajuato es de $87,300,843,251 y el de su Instituto de Planeación, Estadística y Geografía estatal es de $48,945,665.

Por último, en el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Presupuesto de Guadalajara es de $9,772,403,869 y el del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Gobierno del Estado y municipios de la zona metropolitana) es de $87,339,278. Saque usted sus propias conclusiones, ¿Para quién trabajará el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX con ese trato presupuestal?