Hace unos días se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. Las cifras al respecto en México resultan escandalosas por su magnitud, crecimiento, impunidad, el desconocimiento real de su problemática y la ineficiente atención gubernamental; condiciones que además se han visto agravadas con el confinamiento por el Covid-19.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del INEGI, 10 mujeres son asesinadas diariamente, de las cuales por lo menos una de ellas es una niña y/o adolescente. Asimismo, el 66.1% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, de las cuales el 44%  de manos de su pareja o ex pareja;  34% víctimas de agresión física; 49% emocional, 29% económica y 41.3 % sexual.

Dentro de los tipos de abuso, las víctimas de difusión de contenido sexual,  toman relevancia pero se carece de estadísticas confiables a pesar de que en los últimos años se han registrado casos que, por su impacto, repercutieron a nivel nacional. Hace apenas unos meses, el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI señaló que 23.9% de la población de 12 años y más que usa el internet, fue víctima de ciberacoso. Siendo la situación más frecuente en las mujeres las insinuaciones o propuestas sexuales con 40.3%.

En ese sentido, en la Cámara de Diputados, impulsamos y aprobamos por unanimidad en noviembre del 2019, la denominada “Ley Olimpia”; la cual fue ratificada por el Senado de la República apenas el 5 de noviembre de este año. En virtud de que se realizaron  algunas adiciones, en cuanto sea revisada nuevamente y aprobada por la cámara de origen, se contará con un marco legal que a nivel nacional prevé que se castigue hasta con 6 años de prisión a quienes violen la intimidad sexual de otra persona al divulgar, compartir, distribuir, comercializar  o publicar imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual, sin su consentimiento, aprobación y autorización y con hasta 9 años de prisión si se trata de parejas, ex parejas, familiares o amigos de las víctimas.

La citada ley, tiene tiene como antecedente la lucha de la joven Olimpia Coral Melo, originaria de Puebla, sobreviviente de ciberacoso por la difusión de un video sexual sin su consentimiento. Cuando ella intentó denunciar el daño, se encontró con que este perjuicio no estaba reconocido en la ley, impidiendo la presentación de querellas y su sanción respectiva, lo que la llevó a iniciar un largo camino que ha dado fruto seis años después. 

La Ley Olimpia no es en si una ley como tal, sino un conjunto de reformas  a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, encaminadas a visibilizar y reconocer la violencia digital y la violencia mediática y para sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas.

Entendiendo la  “violencia digital”, como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como aquellos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres.

Asimismo, se incorpora el termino de “violencia mediática”, entendido como el acto de difundir, por parte de persona física o moral, a través de cualquier medio de comunicación (correos electrónicos, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico) de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas; haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas; a quien produzca  o permita la producción y difusión de discursos de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres; así como el causar daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicidio.

A través de las reformas, se establecen facultades para que los juzgados y ministerios ordenen de manera inmediata la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios, o vídeos; solicitándolo por escrito a redes sociales, medios de comunicación, páginas de Internet y plataformas digitales.

Las reformas al Código Penal Federal, tipifican el delito de Violación a la Intimidad Sexual, señalando que lo comete aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización. Las penas mínimas serán de 6 años de prisión y una multa de quinientos a mil unidades de medida y actualización, que se incrementaran hasta 9 años dependiendo del grado de parentesco entre víctima y victimario; si el victimario es servidor público en el ejercicio de sus funciones; de acuerdo con el impacto emocional o físico causado en la víctima; o cuando se obtenga un beneficio lucrativo o de otra índole.

En Acción Nacional estamos comprometidos en erradicar la violencia de cualquier tipo contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Nuestro objetivo es garantizarles una vida libre y plena, pero sobre todo segura y feliz. Estamos convencidos que todas las acciones suman y exigimos al gobierno federal impulsar políticas públicas que eviten que estos delitos crezcan.

Nosotros en la cámara de diputados hemos pugnado para que se garanticen además mayores recursos presupuestales para su protección y hemos alzado la voz cuando se ha atentado contra sus derechos al aprobar medidas tales como la desaparición de estancias infantiles, el recorte de recursos para atender enfermedades como el cáncer, el cierre de albergues temporales para mujeres violentadas y el combate a la trata.