Cuando Felipe Calderón sacó al ejército a la calle el 11 diciembre de 2006, nunca nos imaginamos que esa historia seguiría vigente casi 15 años después, de hecho las fuerzas armadas estarán realizando labores de seguridad pública hasta marzo de 2024, de acuerdo al decreto del presidente López Obrador del pasado 11 de mayo.

Inmediatamente, como si fuera otra prueba más de nado sincronizado, diversas voces a través de las redes sociales se han lanzado en pronunciamientos aduciendo que el presidente quiere militarizar al país y que rechazan contundentemente esa pretensión.  Sin el menor argumento, afirman que “es muy grave, porque sienta las bases de un estado autoritario”.


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No hay un solo gramo de reflexión sobre lo que sucedió, un solo renglón que procure explicar, por qué el ejército continúa en las calles luego de tantos años. Tanto Calderón como Peña Nieto dijeron al inicio de sus períodos que esto era una situación pasajera, excepcional, que más temprano que tarde el Ejército volvería a sus cuarteles. Se fueron, no dieron explicación alguna de su fracaso y escurrieron el bulto.

El asunto es muy sencillo, se nos dijo que el crimen organizado, las bandas de delincuentes, habían crecido demasiado, que las libertades y el patrimonio de los mexicanos estaban en riesgo. Al mismo tiempo, se caracterizaba a las fuerzas policiales de los tres órdenes de Gobierno, encargados de la seguridad pública, como cuerpos sin capacitación, sin equipamiento, proclives a la corrupción y embarrados con la delincuencia.


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La policía que se supone se iba a preparar, a capacitar, con nuevos valores y estándares, y que en el mediano plazo se iba a ser cargo al 100% de la seguridad, terminó siendo un fiasco. La policía federal bajo el mando de Genaro García Luna, secretario de seguridad pública, concluyó siendo un instrumento al servicio del Cártel de Sinaloa.

Así se fueron dos sexenios, con mandos policiacos corruptos, con jueces y policías siempre prestos al mejor postor, con algo muy parecido a un narcogobierno. Donde existen sólidos argumentos para sostener que los expresidentes, muchos gobernadores y servidores públicos de diversas áreas, como las aduanas, no combatían al crimen organizado porque eran parte de él.


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Mientras tanto, el Ejército y la Marina sometidos a un desgaste permanente. Con un marco legal que los colocaba siempre en el límite de la constitucionalidad, bajo la lupa de los grupos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, con “billetazos” un día sí y otro también para doblarlos o comprarlos, con la incertidumbre de no saber cuándo iban concluir sus tareas.

La derecha que hoy sostiene que López Obrador está militarizando al país, no entiende nada. El acuerdo presidencial que regula la participación de las fuerzas armadas hasta marzo 2024 en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, busca sacarlas de esa tarea gradual y ordenadamente. Es decir, que regresen a sus cuarteles.


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Ese es el punto. Hoy las fuerzas armadas y los mexicanos todos, tenemos una fecha y una ruta con criterios claros para que sus efectivos regresen a sus cuarteles. Y es tan grande la apuesta y el compromiso de Andrés Manuel, que la fecha que marca el decreto, es dos meses antes de la elección presidencial del 2024.

Andrés sabe el costo político y electoral que significa no cumplir este compromiso, pero también tiene claro los efectos que tendrá si se cumple.