19s: impunidad total en materia inmobiliaria

12 diciembre 2017 8:20 pm

El 19 de septiembre volvió a marcar el destino de nuestra Ciudad. El sismo mostró la terrible corrupción inmobiliaria en esta gran urbe.

El gran reto que enfrenta esta ciudad es la inoperancia de sus instituciones.

Resulta anecdótico relatar el vía crucis que sufren los ciudadanos al denunciar una obra que viola el uso de suelo o el Reglamento de Construcciones.

Pongamos un ejemplo. La vecina tiene la mala suerte de que edifiquen al lado de su casa. Y se da cuenta que no están respetando el Reglamento, en lo que se refiere al espacio de colindancia. La señora presenta su solicitud de verificación ante el Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la CDMX y espera que vayan a verificar.

Cuando sucede el milagro de la verificación, la obra ya va a la mitad, la colindancia no se respetó y se afectó la construcción aledaña. La vecina obstinada sigue presionando y logra que el verificador asiente los hechos.

¿Qué sucede? El mejor de los escenarios es que la delegación llame al constructor y lo obligue a resarcir los daños a la colindancia.

Y olvídese de las violaciones al Reglamento.  Total que no respetó el espacio de la colindancia, no siga peleando por unos cuantos centímetros. Olvídese, más vale un mal arreglo que un buen pleito.

Así llega el sismo del 19 de septiembre, y la construcción de la vecina sufre daño parcial.

Las autoridades salen a rasgarse las medias: vamos a actuar, sancionaremos a los responsables. Cumplimos, ya tenemos a algunos Directores Responsables de Obras en la cárcel. Lo aplaudimos. La pregunta es dónde están los funcionarios displicentes, negligentes, coludidos y/o corruptos que no hicieron nada a pesar de que se denunciaron las irregularidades. Siguen tranquilos y sin ninguna responsabilidad.

Relatamos uno de tantos casos de omisión por parte de la autoridad delegacional.

Sin embargo, podríamos narrar omisiones en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) e incluso la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Omisiones que cobraron vidas y el patrimonio de cientos de familias. ¿Y las sanciones, para cuándo?

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