Suma Fepade mil 600 denuncias por presuntos delitos electorales


Desde el arranque del actual proceso electoral, la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) recibió mil 600 denuncias por presuntos delitos electorales, con un promedio mensual de 160 casos.

Su resolución podría demorar hasta enero de 2019, consideró Héctor Díaz Santana, titular de esta fiscalía, pues todavía se sumarán las denuncias que resulten del periodo de veda y, principalmente las que resulten del 1 de julio.

En entrevista para El Big Data detalló que el total de denuncias recibidas corresponde al corte del 27 de junio pasado, mismas que serán sometidas a un proceso de investigación y verificación de pruebas, tras el cual determinarán el tipo de sanciones aplicables a los presuntos implicados.

El índice de denuncias ha mostrado una tendencia creciente, aseguró el titular de la Fepade, y detalló que durante el actual proceso la compra y coacción del voto, el uso de recursos públicos, condicionamiento de programas sociales y la obtención de la credencial para votar con información falsa o con cambios irregulares de domicilio han sido los delitos más frecuentes durante el actual proceso comicial.

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Acotó que cobraron relevancia las campañas o guerras sucias, contexto en el que una “línea muy delgada” define un delito electoral del que no lo es.

Díaz Santana reiteró que las investigaciones de este tipo de casos pueden concluirse en un periodo de tres a ocho meses, aunque los más complejos les llevarán hasta cuatro años.

No obstante destacó que bajo las reglas del nuevo sistema penal, algunos casos también pueden resolverse casi de forma inmediata y acelerar así el proceso de investigación.

Al respecto comentó que recientemente resolvieron un caso en el que un falsificador de firmas que buscaba postularse a cierta Cámara de Diputados local, aceptó su culpa, pidió clemencia al juez y al ser primo delincuente, se le permitió resarcir el daño con trabajo comunitario, pago de multas y demostrando un modo honesto de vivir.

-Necesario seguir el proceso-

Agregó que la Fiscalía tiene una media al año de 150 sentencias condenatorias y que no en todas las denuncias presentadas por ciudadanos, partidos políticos o candidatos hay culpables, por lo que siempre prevalece la presunción de inocencia de los implicados.

“Para nosotros es fundamental decirles a los ciudadanos que no les vamos a mentir. Sería mucho más fácil decirles que vamos a concluir algunos casos en dos, tres o cuatro meses (…) necesitamos llegar a la verdad jurídica de los hechos tanto para garantizar la presunción de inocencia como para tener una efectiva consignación o judicialización”, concluyó.

Díaz Santana destacó que quienes presentan las denuncias esperan que las sanciones estén vinculadas a la competencia y los resultados electorales; como no permitirle al inculpado que se pueda votar por él o sancionarlo antes del proceso.

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Sin embargo, explicó que la Fepade depende de normas contenidas en la Ley General de Delitos Electorales y de instituciones que faciliten información confidencial que abonen a la investigación, por lo que en algunos casos el proceso puede prolongarse.

En ese sentido, se pronunció a favor de la generación de mecanismos de control institucional más efectivos capaces de aplicar medidas cautelares que permitan a la Fepade evitar que las incidencias delictivas prevalezcan y garantizar eficiencia.

“Hay veces que la gente no lo entiende porque lo que quieren es que la gente que cometa delitos electorales se vaya a la cárcel. Nosotros estamos bajo un marco normativo que dependiendo del tipo de conducta que se desarrolla, pueda ser la sanción penal”, abundó.

-Ruta de las investigaciones-

El fiscal explicó que la ruta de la justicia en materia de delitos electorales inicia con una denuncia; si existen los elementos constitutivos de delito, éstos se trasladan a una agencia de investigación y se inician los procedimientos.

“Dependemos del tipo de pruebas, del número de evidencias que tengamos que buscar y finalmente se llega a una conclusión y se construye una teoría del caso. Si existe un tipo penal, se judicializa ante una instancia del poder judicial federal en materia penal y posteriormente se inicia un procedimiento”, explicó el titular de la Fepade.

Refirió que los delitos tienen diferentes tiempos y la Fiscalía se ajusta al Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA) que establece temporalidades de máximo dos meses para deliberar si existen o no evidencias suficientes. En caso de que sí, se trasladan a una unidad de litigación e investigación donde tienen un plazo de máximo 6 meses en el que deben resolver una sentencia.

“Puede ser menos pero de esta forma nos vamos a evitar que los asuntos duren entre 3 o 4 años. Aquí había asuntos desde 2011, teníamos 4 mil asuntos y una de las cosas relevantes de nosotros, fue poner en orden la casa, sobre todo los expedientes muy antiguos. Esto nos sirvió para trabajar en el rezago y hacer de manera más rápida lo que el ciudadano nos lo demanda”, detalló.

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