Responsables de estancias infantiles piden medidas cautelares y una disculpa pública

Mediante una queja ante la CNDH, argumentaron que sustituir el programa por la entrega de mil 600 pesos bimestrales viola los derechos humanos.

Madres trabajadoras y responsables de estancias infantiles exigieron, a través de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una disculpa pública del Gobierno de México por considerar que las ha calificado como “corruptas” e integrantes de una red de prestanombres con el fin de desaparecer el apoyo presupuestal al programa de cuidado infantil.

Representadas por organizaciones de la sociedad civil, las madres de familia y las responsables de las estancias infantiles acudieron a las oficinas de la CNDH para presentar una queja por la eliminación del programa y solicitar medidas cautelares urgentes. 

De acuerdo con la queja, la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de sustituir el programa por la entrega de mil 600 pesos bimestrales en efectivo a las madres de familia, “viola los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 4, 14 y 16 y atenta contra el interés superior de la niñez, en agravio de los 330 mil niños que eran atendidos en las estancias infantiles, las madres trabajadoras, así como las nueve mil 565 responsables de las estancias beneficiarias del programa y sus asistentes”.

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En sustitución del Programa de Estancias Infantiles (PEI), el Gobierno de López Obrador planteó el Programa de Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, cuyas reglas de operación se dieron a conocer en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) el jueves 21 de febrero del año en curso.

El acto “no fue fundado y motivado, ya que ni la Presidencia de la República ni la Secretaria de Bienestar, realizaron una adecuación de los presuntos argumentos mediante los cuales pretenden motivar su decisión de eliminar el PEI”, argumentaron .

A finales de enero, el Gobierno de México argumentó que a partir de la Auditoria Superior de la Federación detectó anomalías en el programa por lo que decidió cancelar su apoyo y establecer nuevas reglas de operación.

Para las responsables de las estancias, “detectó irregularidades sólo en 319 de un total de 9 mil 565 estancias e hizo observaciones sólo a 1.8% del presupuesto del mismo. Estas cifras distan mucho de ser estadísticamente relevantes como para acreditar una deficiencia generalizada del programa y en la opinión del propio auditor superior no justifican la desaparición del mismo”.

La medida “carece de cualquier razón lógica” al no ser proporcional con el tamaño del programa por lo que la decisión, “debe ser declarada como violatoria de derechos humanos”. Además, acusaron que estas decisiones constituyen “una medida regresiva en el goce de una derecho de libertad del trabajo, la protección social y el interés superior de la infancia, que afecta a 330 mil niños, responsables de estancias y madres trabajadoras”.

Tras solicitar una investigación de los hechos y la emisión de una recomendación, las representantes de estancias y madres de familia solicitaron también que se dicten, con carácter de “urgente”, las siete medidas cautelares siguientes:

  1. Eliminar de manera inmediata de la página de CONAMER las reglas de operación del Programa de Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras que abrogan el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PEI para el ejercicio fiscal 2018.
  2. Gestionar medidas de seguridad urgentes ante el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos para las responsables de estancias que han sufrido agresiones o amenazas derivadas de las acusaciones de corrupción, así como de su defensa a favor de los derechos humanos.
  3. El pago inmediato de los apoyos de enero y febrero directamente a las estancias infantiles, tal como operaba el programa en 2018 y con los mismos montos de los subsidios ($950 mensual por niño).
  4. Publicar en el DOF las Reglas de Operación del PEI en los términos que fueron publicadas para el año 2018, para continuar con su funcionamiento en tanto se genera un equipo técnico que trabaje en modificaciones para mejorarlo y fortalecer los controles y mecanismos de rendición de cuentas.
  5. Una disculpa pública del presidente de la República y la subsecretaria Ariadna Montiel por haber difamado y acusado de corruptas y de operar irregularmente a las responsables de las estancias infantiles, dañando su imagen y reputación y en algunos casos poniendo en riesgo su integridad.
  6. Frenar el hostigamiento a las responsables de estancias infantiles por parte de autoridades federales y en algunos casos estatales y municipales.
  7. Visitas grabadas de personal de la Secretaria de Bienestar y el DIF Nacional a cada una de las estancias acompañadas por personal de la CNDH y SIPINA para que conozcan como operan y funcionan las estancias.

Como representantes legales de las quejosas, fungieron Juan Martín, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim); Maripina Menendez, de Save The Children; Regina Tamés de GIRE y Lía Limón, quien se hizo cargo de lanzar el programa hace 12 años en el Gobierno de Felipe Calderón.

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