Poder Judicial apoya austeridad propuesta por AMLO pero sin tocar salarios de magistrados

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, ordenó que se apliquen recortes en los gastos del Poder Judicial de la Federación para 2019.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, ordenó que se apliquen recortes en los gastos del Poder Judicial de la Federación para 2019.

Por ello, el titular del Alto Tribunal anunció que se disminuirán ‘gastos no prioritarios’ y se revisará la política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obra.

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Durante el inicio del segundo periodo de sesiones del Máximo Tribunal, el ministro afirmó nuestro país enfrenta retos profundos en lo económico, lo político y lo social, por lo que el Poder Judicial de la Federación no es ajeno a estos cambios.

‘Por lo que debe replantearse una reorientación en algunas de sus estrategias y acciones, que permitan ejercer sus funciones con una mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y particularmente austeridad en el ejercicio del gasto público, haciéndolo de manera que con ello no se comprometa la independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales’, expresó.

‘Se ha instruido a las unidades administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que elaboren los respectivos proyectos de presupuesto de egresos para el ejercicio 2019, que desde luego deberán someterse a la aprobación de los plenos correspondientes’, precisó.

De acuerdo con lo instruido por el ministro Aguilar, los proyectos deberán prever únicamente el gasto en  bienes , servicios y obra, que sean estrictamente indispensables.

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Además deberán disminuir gastos no prioritarios como pueden ser la compra de vehículos, remodelaciones a inmuebles, mobiliario o equipamiento en general, entre otros rubros.

También ordenó que se establezca la disminución de gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina, actividades, culturales y deportivas así como ‘apoyos económicos no indispensables para la adecuada impartición de justicia’.

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