Pacto de paz firmado con Encinas no menguó violencia paramilitar contra indígenas de Chiapas

Foto: Cuartoscuro

A dos semanas de la firma del pacto, la violencia contra comunidades indígenas de Chiapas continúa y alcanza a decenas de familias desplazadas.

La firma de un convenio de no agresión el pasado 4 de junio entre los municipios de Chenalhó y Aldama, ambos en Chiapas, ante el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fue una simulación que no detuvo aspecto alguno de la violencia entre las comunidades, advirtieron organizaciones civiles.

El 11 de junio pasado, El Big Data informó que los presidentes municipales y representantes de comuneros de estos municipios indígenas firmaron ante Encinas y en compañía del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, un acuerdo para frenar la violencia armada.

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«La firma es parte del show gubernamental para aparentar que están actuando en la región. Constatamos que no hay ninguna acción efectiva que esté bajando la violencia, sino que se pretende administrar a partir de estos convenios», dijo en entrevista Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

«Desde que se firmó el acuerdo ya en la noche hubo detonaciones. Al día siguiente y casi diario, hasta ahorita nos están reportando disparos en Aldama provenientes de Santa Martha», agregó.

Desde hace años, la disputa de 60 hectáreas en los límites del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha, en Chenalhó, agudizó la tensión de por sí registrada por la presencia histórica de grupos paramilitares que operan en Los Altos de Chiapas con fines de contrainsurgencia desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Durante la firma, el subsecretario de Derechos Humanos calificó el pacto de no agresión como «histórico», aunque en repetidas ocasiones se han firmado acuerdos similares que se han violado constantemente, antes de este en agosto de 2018.

Foto: Red TDT

El pacto fue firmado por el presidente municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, constantemente señalado por los pobladores como el operador de los grupos armados.

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La violencia por esta disputa ha dejado más de 2 mil personas desplazadas entre ellos mujeres, ancianos y niños, según reportes del Centro. 25 personas asesinadas y más de 14 heridos según el reporte de la Junta de Buen Gobierno de Oventik, perteneciente al EZLN.

Las comunidades en que se concentran las agresiones son Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente, todas, pertenecientes al municipio de Aldama.

-Crisis se extiende en Chiapas-

La crisis de violencia paramilitar se ha extendido en la zona de Los Altos alcanza a varias comunidades de Aldama, Chenalhó, Chalchihuitán y San Juan del Bosque.

Por esta crisis, la asociación civil Servicios y Asesoría para la Paz (SeraPaz) calcula que se registran, de forma oscilante, hasta 10 mil desplazados en picos de violencia.

Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Apunta que existe un constante hostigamiento contra los pobladores, ataques armados, desapariciones y desplazamientos; así como tráfico de armas y drogas, documentado por defensores y los afectados.

«Este grupo armado estuvo hibernando muchos años. Fue creado en el contexto del levantamiento zapatista, con fines de contrainsurgencia», contextualizó Diego Cadenas, que dirige el Centro de Derechos Humanos Ku’untik.

«Aunque fueron vinculados a proceso, muchos de ellos al final obtuvieron su libertad. Nunca fueron sentenciados. Ese manto de impunidad que les puso el Estado los empoderó».

Para Diego, que acompaña a más de 200 familias desplazadas del ejido Puebla, de Chenalhó, por razones político-electorales, el fin de estos grupos, cobijados por los distintos poderes en turno es proteger intereses políticos y económicos de cacicazgos que han cooptado el poder en la región.

-Decenas son desplazados-

La visita de Alejandro Encinas a Chiapas, además de la firma del pacto de no violencia no dejó nada más, dicen los defensores entrevistados.

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Los desplazados siguen sin volver a casa, la violencia y hostigamiento continúa, los grupos paramilitares siguen armados y las víctimas siguen sin reparación.

«El Gobierno cuando da una indicación cree que esto ya se resuelve. No: la atención tiene que ser de fondo; que se fortalezca la atención a las personas desplazadas y que haya la solución que está pidiendo el pueblo. La firma no es la solución, es una manera de ‘tranquilizar'», dijo Manuel Pérez, de SeraPaz.

Los defensores entrevistados sostuvieron que, pese a que existe una ley para atender a desplazados internos en Chiapas estos no han sido atendidos, pese a estar en una situación «sumamente crítica».

Insistieron con el desarme, detención y sanción de los grupos armados, trabajar para el retorno de miles de familias desplazadas, garantías de no repetición y medidas de reparación.

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