Niega SCJN despenalizar posesión simple de marihuana

La Primera Sala de la Corte desechó un proyecto que fallaba contra el artículo 477 de la Ley General de Salud, que prevé de 10 meses a tres años de cárcel a quien posea hasta cinco kilos de cannabis.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó hoy declarar inconstitucional el delito de posesión simple de marihuana sin fines de distribución.

Por tres votos contra dos, la Primera Sala de la Corte desechó un proyecto que fallaba contra el artículo 477 de la Ley General de Salud, que prevé de 10 meses a tres años de cárcel a quien posea hasta cinco kilos de cannabis, no destinados a venta ni suministro gratuito a terceros.

Hubiera sido el primer precedente de la Corte contra la tipificación penal de la posesión de drogas, pero el proyecto, de la ministra Norma Piña, sólo fue apoyado por Arturo Zaldívar, con voto en contra de Alfredo Gutiérrez, José Ramón Cossío y Jorge Pardo.

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El caso será returnado a uno de estos ministros para un nuevo proyecto, en el que podrían declarar que el artículo 477 es Constitucional, o negar el amparo por alguna cuestión técnica, sin hacer pronunciamiento sobre el delito de posesión.

La Primera Sala concedió desde 2016 tres amparos para consumo recreativo de marihuana, pero esos litigios no eran en materia penal, sino administrativa, y fueron ‘manufacturados’ por abogados para obtener un permiso de la Secretaría de Salud.

En esos casos, la corte falló contra el artículo 245 y otros de la citada ley que prohíben la marihuana, pero que no contienen sanciones penales.

‘El artículo 477 restringe injustificadamente la libertad personal y no satisface las exigencias del principio de lesividad, porque la posesión para consumo propio no pone en riesgo la salud de terceros’, decía el proyecto rechazado.

‘Si lo que se pretende es evitar que personas cuya voluntad está debilitada dañen su salud por consumir drogas, como los farmacodependientes, la pena es una medida no sólo cruel e inhumana, sino manifiestamente innecesaria y desproporcionada, pues lo indicado es la provisión de medidas sociales, terapéuticas y sanitarias adecuadas’, agregaba.

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JGR

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