Leyes para la Guardia Nacional deben respetar Derechos Humanos: CNDH al Senado

LA CNDH planteó un decálogo mínimo para garantizar que las leyes secundarias de la Guardia Nacional se expidan con perspectiva de derechos humanos.

Por Paola Ramos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al Senado de la República que las leyes nacionales sobre el Uso de la Fuerza Pública y del Registro de Detenciones para la Guardia Nacional cumplan con parámetros internacionales en materia de derechos humanos.

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A través de una carta enviada a la mesa directiva, el titular de la CNDH, Raúl González Pérez, recordó que instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ONU DH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido recomendaciones para evitar que las fuerzas de seguridad actúen de forma desproporcionada y cometan violaciones a derechos humanos.

Según la CNDH, las dos leyes secundarias, que deben ser expedidas antes del próximo 25 de junio, deben establecer con claridad diez elementos como mínimo: cuál es la finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública; cuáles son los sujetos obligados a cumplir los ordenamientos; cuáles serán los métodos, técnicas, medios y tácticas del uso de la fuerza y armas empleadas.

Las leyes también deben detallar cuáles son los niveles para el uso de la fuerza pública, las regulaciones y distinción de armas e instrumentos incapacitantes, cómo se utilizará la fuerza pública con personas detenidas o en manifestaciones y cuáles serán las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza.

Finalmente, la CNDH menciona que, de forma mínima, las dos leyes deben establecer las normas para la presentación de informes de los servidores públicos que usen armas de fuego, así como las reglas, responsabilidades y sanciones para quienes las porten.

-Respetar los derechos humanos-

Hasta ahora, el país no contaba con una regulación clara en materia de uso de la fuerza pública, por lo que se han registrado casos en los que se emplea de forma excesiva, desproporcionada, ineficiente, no profesional e indolente con respecto a los derechos humanos, cita la Comisión.

Un ejemplo del uso excesivo y violatorio de derechos fundamentales fue el registrado en Atenco, en 2006, en el Estado de México durante un operativo realizado por fuerzas estatales, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) señaló que el Estado Mexicano incurrió en violación a artículos de diversas convenciones internacionales.

De acuerdo con esta instancia internacional, los estados, además de regular y capacitar a sus cuerpos de seguridad debe establecer mecanismos de control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza, una recomendación acorde a la realizada por la oficina de Derechos Humanos de la ONU en 2015.

Finalmente, la Comisión pide al Senado impulsar las leyes con perspectiva de género y con amplio respeto a los derechos de las personas reclusas.

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