Ley de Uso de la Fuerza deja a discreción de militares el uso de armas letales: FLEPS

En el caso de las manifestaciones, las fuerzas armadas decidirán si son legítimas o no y el grado de fuerza que puedan usar para controlarlas.

Tras la aprobación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en el Senado de la República, el pasado 21 de mayo, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS) advirtió que criminaliza la protesta y abre la posibilidad de usar armas de fuego o letales contra manifestaciones.

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La legislación, que forma parte de las cuatro leyes secundarias en materia de Guardia Nacional, incluye en su artículo 27 la prohibición de este tipo de armas, pero su redacción indica que la prohibición aplica para manifestaciones con «objeto lícito», por lo que se les confiere a las fuerzas públicas discrecionalidad para usar la fuerza.

«La condición de que no se usen armas de fuego cuando las manifestaciones sean lícitas, puede ser fuente de arbitrariedades y violaciones a derechos humanos como la vida, la integridad y la seguridad personales», advirtió el FLEPS mediante un comunicado.

Agregó que esta norma pretende limitar ciertas manifestaciones por considerarlas «no legítimas», por lo que se estaría censurando el derecho a la libre expresión y reunión.

La ley, aprobada de forma unánime por los grupos parlamentarios del Senado, también contempla en su artículo 28 la activación y escalamiento en el uso de la fuerza cuando las manifestaciones «se tornen violentas o atenten contra el orden público».

Entre el listado de armas incapacitantes no letales se encuentran toletes, dispositivos de descargas eléctricas y sustancias irritantes de aerosol.

Ya desde el pasado 14 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió una carta al Senado para que esta y otras leyes secundarias de la Guardia Nacibnal cumplieran con parámetros internacionales en materia de derechos humanos.

Además, especialistas recomendaron durante el foro el establecimiento de mecanismos de evaluación externa para control y auditoría de la fuerza pública.

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