Especialistas piden Observatorio para fiscalizar uso de la fuerza de la Guardia Nacional

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Consideraron que los mecanismos de control para el uso de la fuerza de la Guardia Nacional deben incluirse en las leyes secundarias.

Por: Paola Ramos

Especialistas en seguridad pública y organizaciones de la sociedad civil señalaron que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para la Guardia Nacional debe incluir mecanismos de evaluación externa con capacidad de control y auditoría, además de garantizar la transparencia y rendición de cuentas.

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Esta ley, junto con la Ley Orgánica de Guardia Nacional, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la del Registro Nacional de Detenciones forma parte de las cuatro legislaciones secundarias que deberán ser expedidas antes del 25 de junio en materia de Guardia Nacional.

En el marco de un parlamento abierto ciudadano impulsado por el senador Emilio Álvarez Icaza, investigadores recordaron que, de no contar con mecanismos de transparencia y evaluación, la Ley de Uso de la Fuerza será insuficiente en el combate al uso de la fuerza excesiva, que deriva en violaciones de derechos humanos.

«La construcción de parámetros de actuación debe ser acompañada de mecanismos de evaluación externa: alguien que no está en la institución policial o en el Ejército debe tener el poder de revisarla continuamente a nivel municipal y estatal. Podemos generar un sistema equilibrado de herramientas de control internos y externos», dijo Ernesto López Portillo, secretario del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática.

Estas entidades de supervisión, detallaron dos especialistas más, deben contar con información suficiente, actualizada y clara con respecto a la actuación de los elementos de la Guardia Nacional recabada por la propia autoridad, para poder realizar una evaluación completa y contar con poder de auditoría.

«Las instituciones deben dar los informes sobre uso de la fuerza para que se haga una evaluación: si durante ciertos periodos hubo uso desproporcionados, por ejemplo. Necesitamos que se comprometan a ello, pues si no se conoce cómo operan, las circunstancias en que lo hacen no se podrá hacer una retroalimentación importante para mejorar su actuación. Por eso desde la ley debe plantearse como algo obligatorio», dijo Daira Arana Aguilar, de Causa en Común.

Con respecto a los mecanismos de rendición de cuentas y resultados, Carlos Silva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que únicamente con un análisis conjunto de la eficiencia y alcance del entrenamiento, prácticas, patrones y protocolos podrá mejorarse de forma gradual el combate a la inseguridad.

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