Desecha Juez federal amparos contra gasolinazo, entre ellos el de GCDMX

27 enero 2017 6:46 pm

El pasado 19 de enero el Juez Decimoquinto de Amparo en Materia Administrativa desechó el juicio 47/ 2017 presentado por el consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México, Manuel Granados Covarrubias, y lo envió ante el Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México y Jurisdicción Territorial en toda la República, quien hizo lo propio.

“Homólogo en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones resolvió no aceptar la competencia declinada y devolvió los autos, por lo que se ordena remitir a la superioridad a efecto que determine a que órgano jurisdiccional le corresponde conocer del presente asunto”, fue la notificación.

Por ello, ante la contradicción entre ambos órganos para entrar en el estudio del amparo del GCDMX y otros miles, se espera que sea un tribunal colegiado quien determine cuál será la autoridad competente para saber del tema, pues se prevé que los quejosos interpongan los recursos de queja necesarios.

Como se recordará, a través del consejero jurídico, Manuel Granados Covarrubias, el Gobierno capitalino promovió el amparo contra la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, particularmente el artículo Transitorio Décimo Segundo, que establece la obligación de emitir el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diesel.

Sin embargo, el decimoquinto de Distrito de Amparo Administrativo declinó competencia a los tribunales especializados, para que sean ellos quienes se pronuncien en lo conducente.

Como parte de la demanda de amparo 43/2017 en contra de la Comisión Reguladora de Energía, Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, el juez de Distrito notificó a través de las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura sobre la negativa de entrar en la discusión del tema por falta de competencia.

“Sobre la demanda de amparo, este juzgado determina carecer de competencia, por lo que se ordena remitirla al juez de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien se estima competente”, respondió.

Cabe destacar que el amparo promovido por el Gobierno de la CDMX es uno de los que han sido rechazados por los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en todo el país, y los están enviando a los juzgados especializados, y expertos en el tema han denunciado que son tribunales de consigna, los cuales negarán cualquier tipo de amparo a la ciudadanía.

Cabe recordar que dicha demanda estuvo avalada, revisada y promovida por juristas que acompañaron ese día a Granados Covarrubias, como Raúl Carrancá, Eduardo López Betancourt, Carlos Daza Gómez y Jesús González Schmal, entre otros.

Otros amparos desechados

Asimismo, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica comenzó a desechar los amparos, por resultar notoriamente improcedentes; 50 de ellos promovidos en contra del nuevo diseño de la política económica en materia de determinación de precios de las gasolinas.

La autoridad jurisdiccional subrayó que la causal de improcedencia encuentra sustento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y añade que la determinación se toma en cumplimiento del derecho humano de pronta y expedita impartición de justicia, pues los motivos de improcedencia no podrían ser desvirtuados, ni aun con la tramitación del juicio.

El juez de amaro dijo que las políticas de Estado solo pueden ser instrumentadas por una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental; y que ello constituye un obstáculo jurídico que impide instruir a los órganos de Estado, señalados como autoridades responsables, para adoptar ciertas políticas públicas o medidas de carácter económico, pues sería tanto como sustituirse en la competencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

“No corresponde al juzgado federal, imponer una obligación a los expendedores de gasolina, para que realicen el cobro de los productos que venden, bajo determinados precios, ya que esa es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional, argumentó el juez.

Consideró que no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias.”

Estimó que no sería jurídicamente factible, ordenar a las autoridades responsables que legislaran nuevamente en materia económica y de política pública, y ‘rediseñaran’ un nuevo esquema de fijación de precios.

“…porque además de que con ello se ocasionaría que se le diera a un posible fallo protector, efectos generales, contrarios al principio de relatividad que rige al juicio de amparo, lo cierto es que la Constitución no contemplaba garantía alguna que permitiera al gobernado encauzar la política económica del Estado hacia una medida específica”.

Por esas razones, el juzgador concluyó que esta clase de reclamos no pueden ser dirimidos por el Poder Judicial, porque el juicio de amparo no es la vía idónea para decidir si es correcta la política pública en materia económica, implementada por uno de los Poderes de la Unión.

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