El crimen organizado desplaza a cientos de indígenas en Chiapas que sufren hambre y violencia

Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Violencia, narcotráfico y homicidios son algunos de los problemas que han llevado a decenas de indígenas de Chiapas a buscar refugio lejos de sus hogares.

En Los Altos de Chiapas la violencia se ensaña con las comunidades indígenas que son víctimas de desplazamientos forzados, homicidios, desapariciones, hostigamiento, trasiego de drogas y tráfico de armas cometidos por grupos paramilitares.

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Estos delitos ocurren prácticamente al amparo de las autoridades tanto federales como estatales, que las ignoran y olvida generar acciones que garanticen la tranquilidad de las comunidades afectadas, denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

En entrevista con El Big Data, Manuel Pérez, miembro de la asociación Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), señaló que en Chiapas de enquista una crisis humanitaria debido a los escenarios de violencia señalados.

«Vivimos una crisis. Ahora, especialmente en el municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha, en Chenalhó, hay una situación crítica, la gente dice que no tiene comida porque no pueden ni salir a trabajar en el campo por esta situación», comentó.

«Ha habido desplazamientos. En otros pueblos también ha habido muertos en los últimos meses, pero el gobierno no ha hecho gran cosa, muchas partes no los escucha, no les hace caso, los ignoran. Creemos que es una situación muy grave y tensa que se está viviendo en esas comunidades y pueblos indígenas, mayoritariamente tzotziles», abundó.

Foto: Red TDT

Entre los asesinatos recientes se registró el de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, cuyo cuerpo fue encontrado el 6 de mayo en la carretera federal San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, dos días después de que fue reportado como desaparecido, según informes de organizaciones locales.

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Además de asesinatos, familias de las comunidades como Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente, en el municipio de Aldama son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de estos grupos armados.

«Los pobladores mencionan que los paramilitares son contratados de otros municipios cercanos y todos estos movimientos son para desestabilizar esa región para fines de drogas y armamentos. Se ha corroborado que incluso usan armas exclusivas del ejército», apuntó Pérez.

-Despojados de su hogar-

En los últimos meses al menos 10 mil personas han sido forzadas a abandonar sus hogares debido a la violencia que afecta a municipios de Los Altos de Chiapas: 5 mil originarios de Chalchihuitán, 2 mil de Aldama, mil de Chenalhó y alrededor de 2 mil del municipio de San Juan del Bosque.

«Quienes sufren son principalmente mujeres y niños. Viven con bastante temor, con bastante miedo. Cuando salen a trabajar no saben si podrán regresar a su comunidad y con su familia porque está permanentemente los disparos, día y noche», narra el defensor, que acompaña a las comunidades.

Foto: Comunicadores comunitarios de Primero de Agosto

Para refugiarse de la violencia, los pobladores migran a comunidades aledañas dentro de sus propios municipios si encuentran mejores condiciones, pero, si no, incluso son desplazados a zonas montañosas para resguardarse. En diciembre de 2017, el alcalde de Chalchihuitán informó que cuatro niños indígenas habían muerto de hambre y frío por estas circunstancias.

En un video difundido entonces en Facebook, el funcionario pedía apoyo humanitario «Muchos desplazados siguen durmiendo hasta ahorita en el monte, en las montañas, en las cuevas. Niños, jóvenes, mujeres embarazadas y adultos están sufriendo”.

«No hay medicamentos, no hay cómo trasladar a los enfermos a San Cristóbal. Hemos tenido problemas graves de salud», abundó.

Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

-Oídos sordos-

Aunque organizaciones han tenido audiencias con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Alejandro Encinas, sostienen que las medidas acordadas han sido insuficientes para terminar con el conflicto de fondo, pues los paramilitares siguen operando con impunidad, comunidades enteras están en indefensión y las ejecuciones y desapariciones siguen.

«El Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores», sostuvieron en un comunicado conjunto, publicado la semana pasada.

«Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral”, abunda el documento.

Además de Serapaz, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC (CDMCH), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. y más de 80 organizaciones de la Red TDT solicitaron al gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, garantizar una vida de paz y justicia para los afectados.

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