No habrá acción penal contra Álvarez Icaza: PGR

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5 abril 2016 12:45 pm

En medio de la polémica por los nuevos resultados en los peritajes por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa iniciada en contra del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.

La denuncia en su contra, presentada por un activista social,  lo responsabilizaba de haber malversado los recursos del  Estado mexicano para financiar  la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, el quejoso no presentó mayores elementos de aprueba ni ratificó su demanda que sólo quedó como un acto mediático.

El maestro Álvarez Icaza ha sido uno de los precursores y defensores del trabajo del GIEI, el cual ha refutado los resultados de la  PGR en torno a los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

“En relación con la averiguación previa iniciada el día 15 de marzo del presente año en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria, por el supuesto delito de fraude, la Procuraduría General de la República informa que en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se ha determinado la Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal”, informó la dependencia federal a través de un escueto comunicado de dos párrafos.

Además que se hizo la notificación oficial  a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del Gobierno federal, el día 4 de abril del presente año.

El trabajo de los expertos del GIEI ha sido cuestionado por algunos sectores de la sociedad y medios de comunicación que defienden la denominada “verdad histórica” de la PGR que establece que los normalistas fueron calcinados en el basurero de Colula.

Como parte de los acuerdos con los padres de familia de los jóvenes desaparecidos, se estableció junto con la CIDH contratar a los expertos independientes.

Por ello, el Estado ha erogado cerca de dos millones de dólares a la CIDH para garantizar el trabajo del GIEI, durante dos periodos de seis meses cada uno para coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa, y el segundo semestre concluye el presente mes.

Con base a los recursos aportados,  José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presentó la denuncia en contra de Álvarez Icaza porque consideró  que los recursos aportados han sido malversados; sin embargo, no presentó mayores elementos para sustentar su dicho, y por ello, la PGR terminó por desecharla.

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