Proyectos culturales fantasma, costaron 226 mdp y nunca se hicieron

ASF detectó que los municipios y asociaciones que recibieron el recurso para diversos proyectos no realizaron las actividades por las que se les pagó.

Al menos 226 millones de pesos que la Secretaría de Cultura entregó a municipios y asociaciones civiles para la elaboración de 34 proyectos culturales durante la administración pasada fueron desviados y usados para otros fines.

Así lo reveló la auditoría  2017-0-48100-15-0280-2018 280-DS del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, del que esta casa editorial tiene copia.  

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los recursos fueron entregados por la entonces secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, bajo el Programa Anual de Estímulos a las Manifestaciones Culturales y Patrimonio 2017, y aunque la dependencia estaba obligada a revisar el destino de los recursos no lo hizo.

Entre las irregularidades se encuentran la falta de mecanismos de control para la entrega de recursos, no hubo supervisión de los eventos culturales, cotizaciones falsas o alteradas, bienes no adquiridos, pagos en exceso, firmas aparentemente apócrifas, autobeneficio con familiares, evidencia fotográfica que no corresponde a los eventos realizados, facturas con operaciones simuladas, entre otras prácticas.

Los casos

La ASF reveló que en la Ciudad de México hay dos alcaldías involucradas: Miguel Hidalgo, cuando era encabezada por la ahora senadora Xóchitl Gálvez, y Milpa Alta, cuando era gobernada por Jorge Alvarado Galicia.

Por este motivo, la diputada Gabriela Osorio, de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, subió un punto de acuerdo para que la Secretaría de Cultura inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades detectadas contra los servidores públicos que autorizaron los recursos durante la administración anterior.

“No sólo han violentado la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas sino que han deshonrado su mandato institucional y dañado a uno de los sectores más desprotegidos de nuestro país que son los creadores, artistas y gestores de proyectos culturales; así como a la ciudadanía en su totalidad, al violentar sus derechos culturales”, aseveró.

Uno de los desvíos más representativos fue por 17 millones de pesos que se entregaron a las asociaciones civiles  Drama, Voz y Movimiento A.C, así como Institución Romero Mac Gregor A.C, las cuales usaron empresas fantasma, fotografías de eventos en otros países y cambiaron la locación de las ferias culturales para evadir la entrega de evidencia a las autoridades de un evento cultural en la entonces delegación Milpa Alta.

La Secretaría de Cultura entregó 8 millones 500 mil pesos a cada asociación para realizar un total de seis eventos culturales, pero sólo la mitad de ellos se llevó a cabo.

“Con la información obtenida de Internet se constató que la evidencia fotográfica proporcionada por el beneficiario para acreditar la realización del evento en la Ciudad de México corresponde a eventos que se efectuaron en Chile, España y Argentina, los cuales no tienen relación alguna con el proyecto autorizado”, se lee en la auditoría.

Al mismo tiempo ambas asociaciones adquirieron bienes y servicios por un monto de siete millones 349 mil pesos a accionistas que guardan un parentesco de consanguinidad en primer grado.

En el caso de Miguel Hidalgo, la Secretaría de Cultura transfirió el 6 de noviembre de 2017 un total de 10 millones de pesos a la ex jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, para mejorar el funcionamiento de la concha acústica y exteriores del teatro Ángela Peralta en Polanco.

De acuerdo con la auditoría hay un posible desfalco de dos millones 135 mil 299 pesos por gastos en exceso.

En primer lugar las obras se llevaron a cabo a pesar de que no se contaba con la autorización del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y debían concluirse en mayo de 2018, pero en agosto del año pasado aún continuaban.

Además se cambió el proyecto original, pues en lugar de rehabilitar muros y bancas, como se tenía planeado, se construyó una cisterna automatizada y se remodelaron las oficinas y camerinos.

Otro de los casos  fue la trasferencia de cinco millones de pesos al municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, durante la administración del panista Juan Antonio Morales Maciel, con los que se pretendía realizar talleres de danza para personas con discapacidad, clases de baile para adultos mayores, un taller de pintura y un festival para cuatro mil personas.

Después de una revisión de la ASF se determinó que los cinco millones de pesos no fueron empleados y se comprobó que no había evidencia de  la realización del evento ni de los talleres que se tenían que impartir como parte del proyecto.

“En lo que se refiere al Festival Silao Crece en la Cultura 2017, se observa claramente un improvisado escenario, una carpa y alrededor de 100 sillas, además de que el público asistente no rebasa las 50 personas, siendo que en las metas del proyecto se estimó beneficiar a cuatro mil personas”, se lee en la auditoría.

Foto: El Otro Enfoque

Otro de los casos fue en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, durante la administración de Arturo Dávalos Peña, a quien le entregaron tres millones de pesos para el evento Vallarta Cien Años Mayofest.

Sin embargo, la ASF hizo observaciones por un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública federal por un monto de un millón 688 mil 900 pesos.

En este evento se tenía previsto realizar nueve conciertos musicales con 10 artistas de renombre y dos talleres de actividades culturales relacionadas con la música y el arte circense.

“Se presentó evidencia fotográfica de uno de los nueve que se mencionan en las facturas, se realizaron visitas domiciliarias a cuatro artistas, de los cuales tres  por los que el municipio pagó al citado proveedor un millón 46 mil pesos señalaron que no fueron contratados ni participaron en el evento, el artista que sí se presentó aclaró que quien lo contrató y le pagó sus servicios fue una persona física que no forma parte de la empresa que le facturó y cobró al municipio 406 mil pesos”, se lee.

Mientras tanto al municipio de Cortazar, Guanajuato, se le otorgaron dos millones 500 mil pesos para la construcción de la cubierta en la plaza cívica del centro cultural de la demarcación.

Pero el dinero fue reintegrado a la Tesorería de la Federación toda vez que el municipio no había regresado un monto de 19.8 millones de pesos por concepto de recursos no ejercidos en esa misma plaza.

Los recursos fueron entregados al perredista Hugo Estefanía, quien actualmente ha sido ligado al cártel de Santa Rosa que dirige José Antonio Yépez El Marro.

En febrero de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que durante su Gobierno no se entregarán recursos a organizaciones o asociaciones de la sociedad civil, ni a fundaciones, con el fin de que no haya intermediarios que manejen los recursos públicos.

Esto luego de reconocer que muchas de ellas han sido utilizadas para bajar recursos públicos que no se ejercían y sólo llenaba los bolsillos de unos cuántos.

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