Por laudos, alcaldías heredan deuda millonaria

Los nuevos alcaldes debe lidiar con esta vieja y costosa problemática por una omisión de las antiguas autoridades delegacionales.

A pesar de que el Gobierno de la Ciudad pagó 702 millones de pesos por concepto de laudos a ex trabajadores que demostraron haber sido despedidos injustificadamente, deja pendiente 162 casos, con una deuda de casi 80 millones de pesos.

Se trata de casi 500 demandas interpuestas por trabajadores contra el Gobierno local, pero principalmente contras las alcaldías Azcapotzalco, lztapalapa, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Los juicios por despidos injustificados en las administraciones delegacionales –ahora alcaldías– son una constante, y ante las omisiones de las áreas jurídicas o del propio titular de la administración en turno de pagar la deuda,  convierten un simple asunto laboral en un proceso judicial desgastante.

Después de varios años, la mayoría de estos procesos ante tribunales laborales y penales concluyen con una sentencia a favor del trabajador y las autoridades deben pagar sumas millonarias con recursos públicos por no haber atendido la sentencia en tiempo y forma.

Para el abogado laboralista Carlos del Moral, los laudos representan un descuido jurídico de las autoridades en turno.

“Aunque las alcaldías son responsabilidad del Gobierno central, corresponde a los alcaldes seguir los pasos del litigio para no caer en desacato con el riesgo de ser separados del cargo o de llevar sus administraciones a la insolvencia o quiebra”, señaló.

En 2016, por ejemplo, laudos por inejecución de sentencia en las entonces delegaciones de Xochimilco y Miguel Hidalgo, un delito considerado grave, llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde incluso se analizó la destitución de los delegados, Avelino Méndez Rangel y Xóchitl Gálvez Ruiz, y la aprehensión de sus predecesores, Miguel Ángel Cámara Arango y Víctor Hugo Romo Guerra, respectivamente.

Donde sí se concretó la destitución fue en Venustiano Carranza; en 2017 la Corte ordenó destituir al entonces jefe delegacional Israel Moreno por incumplimiento reiterado de una sentencia de amparo relativa a la reinstalación y pago de salarios de cuatro trabajadores, una deuda que sumaba los 6.9 millones de pesos.

“Dichas personas, de manera contumaz, incumplieron la sentencia de amparo dictada el 29 de septiembre de 2014 por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, que a su vez ordenó el cumplimiento del laudo emitido por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 23 de enero de 2013, que ordenó expedir a cuatro quejosos los nombramientos de verificadores, pagar diferencias de salarios y aguinaldos, así como otorgarles los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo”, citaba la sentencia.

Sin embargo, Carlos del Moral explicó que la autoridad de las alcaldías está estructuralmente impedida para cumplir con las sentencias porque carece de facultades para solventar su propio presupuesto y poder realizar contrataciones laborales.

“Es aún competencia de la autoridad central atender esos casos y, en el caso del presupuesto, era la extinta Asamblea Legislativa la que definía los recursos”, agregó.

Así lo denunció en su momento el ex jefe delegacional de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, quien en 2018 también estuvo señalado por incumplimiento de un laudo laboral.

No obstante, dijo que recibió la delegación con 60 casos de laudos pendientes, cuya resolución ascendía a 60 millones de pesos.

Mercado puntualizó que las demarcaciones no tienen facultades plenas para el cumplimiento de este tipo de casos por las limitaciones administrativas y falta de autonomía.

La deuda heredada

Los nuevos alcaldes se enfrentarán a la misma problemática, pues aunque la reforma política de la Ciudad pretendía darle autonomía a las alcaldías en su administración económica, esto no aplicó en los laudos laborales.

De esta manera, la Secretaría de Finanzas seguirá siendo la que asigne el recurso para el pago de esas demandas.

Así lo aseguraron los diputados del Congreso local, Víctor Hugo Lobo, ex delegado en Gustavo A Madero, y Eduardo Santillán, ex delegado en Álvaro Obregón.

De acuerdo con Lobo, la dependencia da largas a cada caso con el fin de conciliar el problema entre el trabajador y la administración, es por ello que existen varios casos que permanecen abiertos y con el pago pendiente.

La alcaldía Venustiano Carranza tiene en la primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 12 laudos, de 2012 a 2018, que suman un total de dos millones 34 mil 377 pesos.

En la segunda sala hay cinco y el monto total es de un millón 683 mil 779 pesos; en la tercera sala del órgano federal hay siete laudos que ascienden a los 864 mil 483 pesos y  en la octava sala hay laudos con una cifra de seis millones 732 mil 977 pesos.

Azcapotzalco tiene 45 laudos en total; de éstos, 38 se resolvieron durante la pasada administración local a favor de los empleados y tuvo un cargo, para el ejercicio fiscal 2018, de 11 millones 766 mil 102.

En Miguel Hidalgo, hasta este mes, se encuentran en trámite de pago 18 laudos, 13 de ellos ya cuentan con “visto bueno” de la Mesa de Asuntos Laborales del Gobierno de la Ciudad de México y cinco en proceso de obtención, lo que implica un presupuesto a ejercer por un monto total de 818 mil 426 pesos.

Conforme a la solicitud de información hecha por esta casa editorial, la alcaldía tiene hasta  la segunda semana del mes de diciembre para efectuar el pago ante la Sala del conocimiento de los laudos aprobados.

Pero continuará pendiente el pago de 25 laudos firmes o exigibles, cuyo monto total a esta fecha genera un aproximado de 46 millones 193 mil 52 pesos, toda vez que se continúan incrementando los montos de aquellos juicios que tienen condena de reinstalación o indemnización constitucional pendiente de cumplimiento.

Es importante señalar que la dirección Servicios Internos de Miguel Hidalgo aseguró que no se cuenta con recursos disponibles para realizar una ampliación a la partida correspondiente al pago de liquidaciones por indemnizaciones y sueldos y salarios caídos, ya que durante el presente ejercicio fiscal se tienen “demasiadas presiones de gasto que imposibilitan realizarlo”.

En el caso de la delegación Tláhuac la cifra total de laudos correspondientes al período del año 2012 a 2018 es de 34 y el presupuesto destinado ascendió a 12 millones para el Ejercicio Fiscal 2018.

La alcaldía Gustavo A Madero tiene laudos laborales desde 1998, dando como resultado 156 casos, de los cuales no hay cantidad específica, ya que “se están actualizando constantemente”, señala la respuesta de información pública con folio 0407000243618.

El caso más significativo está en Iztapalapa, a poco más de un mes de haber iniciado la administración de Clara Brugada, la alcaldía declaró que había un embargo a las cuentas de la demarcación.

“Recibimos Iztapalapa en una situación deplorable, teníamos oficinas sin sillas, las territoriales abandonadas totalmente y sin infraestructura”, denunció  la alcaldesa.

Por un asunto civil, de 18 años, las cuentas bancarias fueron congeladas por una cantidad de seis millones de pesos.

Según la ley, los laudos deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al de su notificación, a menos que se promueva un juicio de amparo y se solicite la suspensión del cobro.

En caso de que la Junta de Conciliación y Arbitraje no esté de acuerdo con lo pagado por el patrón, éste no se considerará como cumplido, por lo tanto, se procede al requerimiento y embargo respectivo.

Debido a que esta problemática parece no tener fin, el diputado de Morena, Eduardo Santillán, aseguró que se buscarán medidas desde el Congreso capitalino para que los alcaldes puedan resolver este tipo de temas jurídicos con sus trabajadores de manera más eficiente.

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