Estado de México, el ‘hoyo negro’ de feminicidios en México

CHIMALHUACAN, ESTADO DE MÉXICO, 25JULIO2014.- Miembros de organizaciones y familiares de victimas de feminicidio realizaron una protesta a las afueras del palacio municipal de Chimalhuacan en protesta por los feminicidios que se registran en este municipio y en donde las organizaciones exigieron justicia al gobierno municipal y estatal, así como la declaratoria de alerta de genero en el estado, al termino de esta protesta se realizó una marcha al centro de justicia. FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM

Al menos 40% de los feminicidios cometidos en el Estado de México son mal clasificados durante su investigación, lo que hace invisible el problema.

Al menos 40% de los feminicidios que se cometen en el Estado de México quedan impunes debido a un proceso erróneo de clasificación por parte de las autoridades ministeriales.

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Así lo aseguró María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México termina minimizando estos delitos, pues los cataloga como suicidios u otro tipo de homicidios.

Bajo este escenario, el porcentaje de feminicidios en la entidad termina siendo considerablemente bajo. Hasta octubre pasado había sido contabilizados 74; sin embargo, de acuerdo con Estrada existe una cifra negra que las autoridades no permiten conocer.

«Para la autoridad es más fácil hacer invisible una problema, la primera razón es que a la autoridad no le gusta que digan que tiene feminicidios porque no estás en Guerrero y pesa mucho hablar de que a las mujeres las asesinan por una cuestión de discriminación, además de que el Estado no puede garantizar la seguridad de las mujeres», dijo la especialista.

Otra lectura que el Observatorio hace del problema es que existe una estructura criminal dedicada a la trata de personas que compra a menores de edad y para desaparecerlos debe asesinar a sus madres.

Estrada recordó el caso de Mariana, una joven que fue encontrada muerta en Ecatepec y las autoridades ministeriales determinaron su muerte como un suicidio, sin embargo, luego de observar el expediente del médico forense observaron que tenía muchos golpes en el cuerpo.

«Fue un caso en el que se dijo que los policías municipales la golpearon y después de matarla la dejaron tirada, ya después catalogaron ese homicidio como un suicidio y ahí es donde se pierde la verdadera cifra del feminicidio», aseveró.

De acuerdo con información solicitada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de 2014 a 2017 se cometieron mil 420 asesinatos de mujeres, de los cuales 243 casos son investigados como feminicidios, es decir sólo 17%.

-Una conducta nociva-

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) definió como ‘feminicidios’ a los homicidios de mujeres por razones de género, considerando que éstos se dan como resultado de “una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”.

La tipificación del feminicidio en el Estado de México se realizó el 18 de marzo de 2011, y se impuso una sanción de 40 a 70 años de prisión y de setecientos a cinco mil días de multa.

Una reforma en enero del 2014 homologó el delito de feminicidio al tipo penal federal, con ello se modificó en su totalidad el crimen, pues la pena se agrava hasta un tercio cuando la víctima es mujer menor de edad, embarazada o con discapacidad.

Otros motivos para agravar la pena es que el imputado sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.

La segunda reforma se hizo el 14 de marzo de 2016,134 mediante la cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal, entre éstas el artículo 242 bis, para incorporar el tipo penal de feminicidio al artículo 281, y se conserva la estructura y redacción del artículo previo.

Para Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano en la Ciudad de México, el feminicidio es un problema que existe en todo el país y de no ser atendido por las autoridades con prontitud se corre el riesgo de que los índices aumenten.

“La mayor parte de los feminicidios se dan en un ambiente familiar, incluso en parientes consanguíneos quienes consumen estos delitos, en los casos de violencia que sucede en el ambiente privado hay antecedentes que nos marcan que la persona ya había acudido a una autoridad en algún momento para hacer latente la denuncia.

“El problema es que no hay una captación de esos casos, es decir, las autoridades en lugar de aplicar los protocolos indicados para prevenir la pérdida de la vida simplemente la desestiman”, señaló Rivas.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2017 fueron asesinadas mil 583 mujeres en 18 estados del país, de ellos sólo 479 asesinatos fueron investigados como feminicidios, es decir 30% de los casos.

En el periodo de 2015, 2016 y 2017, se cometieron 8 mil 190 asesinatos de mujeres, de manera desagregada el SESNSP informó que en 2015 se cometieron dos mil 144 asesinatos, en 2016 se cometieron dos mil 790 y en 2017 se cometieron tres mil 256.

Las cifras del SESNSP reflejan un aumento en el porcentaje de mujeres asesinadas equivalente a 52%, de 2014 a 2017.

-Ignorarlos es una barrera-

Para combatir el feminicidio los gobiernos federales y locales tienen que aceptar que existen casos de violencia y discriminación contra las mujeres y emprender acciones para erradicarlos.

Así lo consideró la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien además urgió a las fiscalías implementar el protocolo denominado “Caso Mariana”.

El protocolo consiste en que los órganos de investigación de las fiscalías, deben fijar su trabajo con perspectiva de género, implementar un método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género.

El primer punto es que toda muerte de mujeres, incluidas aquellas que parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, deben de analizarse para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte.

El segundo es investigar cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género.

En tercer lugar se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia.

En cuarto lugar las investigaciones policiales y ministeriales deben analizar la conexión que existe entre la violencia contra la mujer y la violación de otros derechos humanos.

También se debe investigar de oficio las posibles connotaciones discriminatorias, cuando dicho acto se enmarca en un contexto de violencia contra la mujer.

En sexto lugar, la exploración ante una posible violencia sexual debe ser completa, pues es difícil rescatar las muestras que no se tomen y procesen en las primeras horas.

Dicho protocolo fue elaborado a partir del “Caso Mariana” el 25 de marzo de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia 554/2013 sobre el caso del feminicidio de Mariana Lima Buendía, joven de 28 años asesinada por su esposo, quien en ese entonces fungía como policía judicial del Estado de México.

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