A la CDMX le cuesta 53 mdp el mantenimiento de inmuebles incautados

Esta situación se replica en todo el país, por lo que en el Senado se busca que los Gobiernos puedan vender o monetizar estos inmuebles de la delincuencia.

Tan sólo en 2017, el Gobierno de la Ciudad de México gastó 53 millones 474 mil 237 pesos para mantener 93 inmuebles que mantiene en depósito judicial, en tanto se resuelven los juicios de extinción de dominio en su contra.

La imposibilidad de que las autoridades locales y federales moneticen o exploten los inmuebles que aseguran por su presunto vínculo con delitos como el robo de vehículos, secuestro o trata de personas pega directamente en los presupuestos gubernamentales.

El monto que el Gobierno capitalino destina para administrar esos bienes crece exponencialmente si se traslada a la federación, la cual resguarda miles de bienes que asegura producto de la actividad delictiva.

“La PGR tiene aviones que asegura y a los que tiene que dar mantenimiento, pero no puede disponer de ellos”, señaló el senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera.

En entrevista con El Big Data, Mancera apuntó que si la Procuraduría General de la República pudiera vender o explotar los inmuebles que asegura evitaría la carga financiera que esto significa.

La monetización de los bienes muebles e inmuebles que las autoridades resguardan como parte de un juicio de extinción de dominio se incluye en la propuesta de reforma constitucional que el legislador planteó en el Senado.

“Volver líquido o utilizable de inicio el bien del que va a buscarse la extinción de dominio. Por ejemplo, los hoteles que se han asegurado con motivo del combate a la trata de personas. Esos inmuebles están en custodia del Gobierno de la Ciudad de México con mantenimiento durante todo el juicio”, apuntó Mancera.

La iniciativa que se discute en comisiones fue presentada el 3 de octubre y plantea la reforma a la fracción II del Artículo 22 de la Constitución Política, una adición a la fracción IV de ese mismo artículo; así como adiciones a la fracción XXI del Artículo 73 de la carta magna.

“Me parece que esto sería fundamental para la federación, para la PGR, porque asegura una gran cantidad de bienes, muebles e inmuebles y no los puede disponer hasta que se tienen sentencias definitivas y después pasan a subastas en el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)”, consideró Mancera.

El legislador destacó que la monetización de los bienes asegurados en vías de extinción de dominio tiene un antecedente en Colombia. Las autoridades del país sudamericano se percataron que el proceso “le salía más caro”.

Doble efectividad

La propuesta del líder de la bancada del PRD para monetizar los bienes asegurados busca una mayor eficiencia de la figura de la extinción de domino, que no sólo adelgace el gasto fiscal de administrarlos, sino que incremente la efectividad del Estado en la recuperación.

De acuerdo con la iniciativa presentada, la cual convive con la presentada por el senador del Morena, José Antonio Álvarez Lima, también enfocada en el Artículo 22 constitucional, el tiempo que puede demorar un juicio impacta directamente en el monto que los Gobiernos deben destinar a la administración de los bienes asegurados.

En la experiencia colombiana, un juicio de extinción de dominio tarda en promedio siete años y 11 días en la Sala de Extinción de Dominio y Enriquecimiento Ilícito del Tribunal Superior de Bogotá, de acuerdo con un informe del Congreso de la República de Colombia.

“En Colombia lo hicieron, también por eso, porque se dieron cuenta que se les estaba haciendo más caro el proceso en comparación con el resultado. Se dieron cuenta que era necesario buscar las formas de monetizar”, abundó el senador.

En México los resultados no son alentadores, al menos no en la capital del país en donde la Procuraduría General de Justicia local gestiona 353 demandas presentadas por extinción de dominio entre 2009 y 2018.

De éstas, 132 se encuentran actualmente en juicio, otros 102 fueron asuntos ganados por la autoridad y en 104 el juzgador determinó que el demandado acreditó la buena fe del afectado. Además, en 14 hubo un desistimientos y otro se determinó el sobreseimiento.

Las cifras revelaron que en al menos 104 casos registrados en los últimos nueve años, el Gobierno de la Ciudad de México pagó el mantenimiento, resguardo y administración de estos bienes sin que finalmente la hacienda capitalina obtuviera alguna ganancia monetaria.

De acuerdo con el estudio Investigar y perseguir los delitos del orden federal, realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la guerra contra el narcotráfico, iniciada en el Gobierno del ex presidente, Felipe Calderón, detonó la saturación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)

Hasta 2013, este organismo del Gobierno federal tenía en su custodia 165 mil 277 bienes muebles entre artículos de oficina, artículos personales o piezas de arte; en tanto que para bienes inmuebles, terrenos, locales comerciales, departamentos o fincas, la cifra era de mil 756 bienes.

Además de la monetización, la reforma que presentó el senador Mancera propuso incluir los bienes que resulten del combate al robo de hidrocarburos, en cualquiera de sus modalidades, ampliar el delito de encubrimiento por receptación y los delitos graves de corrupción cometidos por servidores públicos.

Reforma de cuidado

Las reformas propuestas al artículo 22 constitucional que regula la figura de la extinción dominio requiere de la armonización del marco legal que se vincula para evitar que se mine su efectividad.

Para María Graciela León, maestra en derecho de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, indicó que por lo menos cuatro leyes federales tendrían que revisarse para evitar fugas o posibilidades de amparo.

“Empecemos por la Constitución. Tendríamos que reformar leyes que regulan a los servidores públicos, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Públicos e incluso legislación de transparencia”, detalló León.

La académica abundó que en la reforma también se tendrá que considerar la definición precisa del tipo penal, para que la acción criminal se adecue al objetivo del legislador y realmente fomente la recuperación de bienes a favor del Estado.

“Es una excelente propuesta y creo que apaciguaría a muchos de los ciudadanos que están indignados. Que no se quede en propuesta, sino que realmente se analice todo lo que se requiere, para que la gente pueda dejar de decir que no hay justicia, sino que la aplicación es lo que provoca eso”, concluyó la académica.

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