El único detenido del caso Narvarte podría ser liberado por violaciones al debido proceso

24 agosto 2015 7:34 pm

Daniel Pacheco Gutiérrez, uno de los presuntos autores del homicidio en la colonia Narvarte y único detenido, podría ser liberado por violaciones al debido proceso sí se confirma jurídicamente que fue sometido a tortura para autoinculparse del multihomicidio, advirtió el ex ombudsman capitalino, Luis González Placencia.

El Big Data Mx dio a conocer que Pacheco Gutiérrez presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la que asegura que fue golpeado para que aceptara su participación en los hechos.

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Luego de ser consignado, el Juez 25 de Procesos Penales ordenó que se le realizaran los estudios clínicos y psicológicos pertinentes para establecer sí había sido víctima de tortura como denunció.

González Placencia alertó sobre la trascendencia del asunto, ya que de confirmarse los hechos denunciados por el quejoso, podría alcanzar su libertad, de manera independiente si es culpable o no de los hechos que se le imputan.

“Si hubo tortura, el tema es de la mayor gravedad, podría implicar que la persona quedara en libertad más allá de sí participó o no en el delito, por eso es muy importante que se vigile el debido proceso con todo cuidado. Claro que sí (puede ser liberado por tortura), lo que se afecta es la verdad, sí yo autoridad no puedo garantizar que lo que tengo como verdad jurídica tiene un sustento efectivo porque fue producto de golpes o de tortura, entonces no tengo verdad, ese es el tema central del debido proceso”, advirtió el secretario académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Por ello, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal está obligada a comprobar con elementos sustentables jurídicamente que el dicho del procesado es sólo una estrategia de su defensa para ponerlo en libertad.

“En un caso como éste, que es muy sensible a la opinión pública con más razón porque la autoridad no debe de perder de vista que para la Comisión de Derechos Humanos la autoridad está obligada a probar, no es él el que está obligado a  confirmar sí lo torturaron o que le violaron sus derechos, sino que es la propia Procuraduría la que está forzada a probar que no fue así…blindarse de la posibilidad de que la persona estuviera mintiendo”, dijo el académico.

A ello se suman las denominadas filtraciones informativas por parte de las autoridades encargadas de las pesquisas, mismas  generan un canal alterno de comunicación, pero no hay ninguna garantía que la información vertida sea correcta, pues la investigación no se ha concluido y está en ciernes.

 “Entonces testimonios, pruebas, o cosas que se dicen acerca de la investigación, sí todavía  no han sido confirmadas, son divulgadas en los medios como si ya fueran una verdad histórica, ya lo vimos con las primeras informaciones que se dieron a conocer en la prensa, dando a entender al público que los implicados eran personas  vinculados a las drogas o a la prostitución”.

“La verdad jurídica solamente se sabe cuando la investigación está muy avanzada, y fue la propia autoridad quien la dio a conocer, ya que no se puede sustraer una verdad de los indicios y de pruebas solamente, pues difundir información que no está confirmada, es revictimizar a las personas afectadas” explicó el especialista en derechos humanos.

Explicó que estos descuidos y excesos pueden echar por tierra las investigaciones de la PGJDF y restarle credibilidad no sólo ante los familiares y amigos de las víctimas, sino ante la sociedad en general, que está escéptica de las labores de las instituciones.

“Este tipo de situaciones minan la calidad de la investigación, generan más dudas, si  de por sí, en este punto la credibilidad de la Procuraduría está bastante en entredicho, una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos por violaciones al debido proceso, eso quedaría todavía peor”.

“Si la persona es torturada de inmediato se pone en entredicho la veracidad de su declaración,  pues abre la posibilidad de que lo que dijo lo haya dicho para evitar recibir más golpes, u objeto de tortura, de lo contrario se  comienza con una incertidumbre que puede echar abajo la verdad jurídica”, dijo el experto.

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