Proponen hasta 8 años de cárcel para agentes del MP que clasifiquen delitos mal

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El Congreso de la CDMX planteó a una iniciativa para endurecer las penas contra Ministerios Públicos que se nieguen a abrir carpetas de investigación.

Los agentes del Ministerio Púbblico que se nieguen a abrir una carpeta de investigación o clasifiquen un delito de forma errónea podrán pasar de tres a ocho años en una cárcel de la Ciudad de México.

Estas sanciones forman parte de las reformas en las que el Congreso de la Ciudad de México trabaja para el Código Penal local, luego de que se dio a conocer que la administración pasada clasificó intencionalmente mal cientos de delitos para aparentar una baja en la incidencia delictiva.

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La reforma fue planteada para el Artículo 293 del Código Penal y el impulsada por el vicecoordinador de la bancada mayoritaria de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León.

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Además de las penas de prisión, la modificación también plantea implementar una multa de 100 a 400 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente hasta a 33 mil 794 pesos.

Las causales especificadas apuntan a servidores públicos que se abstenga de iniciar una investigación cuando tenga conocimiento de un hecho que la ley señale como delito o que la inicien cuando no existan elementos para hacerlo.

La reforma es complementaria a las iniciativas con proyecto de decreto que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso capitalino para endurecer las penas contra el robo de celular y castigar a los policías que infrinjan la ley, así como a los ciudadanos que agredan a policías.

Ambas iniciativas como parte de la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad en la Ciudad, en la que se destaca agravar el delito de robo a transeúntes y principalmente robo de celulares.

-Endurecen penas contra MP’s-

En entrevista, el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena aseguró que en 50% de los casos de denuncias, los Ministerios Públicos resuelven con la frase “no pasó nada”.

“La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (ENVIPE) presentada por el INEGI, muestra que 90.1% de los delitos cometidos en la ciudad no se denuncian, y del total de averiguaciones previas iniciadas a nivel nacional por el Ministerio Público, en 55.9% de los casos se dictaminó que no pasó nada o no se continuó con la investigación, es decir, que más de la mitad de los delitos que son denunciados en el país no son resueltos”, dijo Díaz de León.

El legislador recordó que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y perseguir los actos delictivos y las investigaciones deben ser serias, imparciales y efectivas.

La actual reforma, plantea la penalización de aquellos actos u omisiones de los servidores públicos encargados de investigar y perseguir el delito que, al decidir abstenerse de iniciar una carpeta de investigación o al iniciarla sin contar con los elementos suficientes para hacerlo o lo hacen de forma negligente, afectan directamente los derechos humanos de las personas y su garantía a la justicia.

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