Propone PAN poner fin al negocio de grúas

29 abril 2016 4:22 pm

 

Al considerar que las grúas son un negocio para los concesionarios y representan un “estado de terror” para los ciudadanos, la diputada del PAN, Wendy González, propuso regular ese servicio y así acabar con abusos.

Los operadores de grúas e inmovilizadores violentan los derechos de la ciudadanía, al provocar días de actividad laboral e importantes sumas de dinero en la recuperación de sus vehículos”, afirmó.

Por ello, promueve una Iniciativa para modificar Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y establecer que cuando se trate de la contratación de un servicio que derive en una sanción pecuniaria hacia el ciudadano, no podrá establecerse un presupuesto mínimo y máximo en la celebración de dicho contrato.

Una de las principales molestias ciudadanas, explicó, es que esas empresas operan bajo intereses económicos y no para mejorar la movilidad de las calles.

Los contratos abiertos y los denominados Asociación Público-Privada (APP), detalló, delegan al sector privado las facultades que le son propias al Estado, esto significa que están en manos de empresas y no del gobierno.

“Al estar en manos de particulares, no está mediando el bien social o el bien común, sino por el contrario intereses económicos ante la impotencia y enojo de los ciudadanos”, aseveró.

Dijo que los contratos abiertos, que ha firmado el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Seguridad Pública con empresas Comercializadora Versirg y Autotraffic para prestar el servicio de grúas en las 16 delegaciones, fueron concebidos para cobrar y no para servir a la ciudadanía.

“Se cuestiona su utilidad para agilizar la movilidad en las calles y genera gran desconfianza la opacidad, respecto a los ingresos que obtienen las empresas concesionadas y el gobierno mismo, por el número de arrastres que se realizan”, insistió.

De ahí que considere que lejos de ser un servicio que beneficie a la movilidad de la Ciudad de México, se convierte en una actividad con fines de lucro, al establecer una cantidad mínima y máxima de presupuesto por cada unidad de arrastre.

“Al establecer una cantidad mínima y máxima de presupuesto en los arrastres, las empresas concesionadas se ven impulsadas a maximizar sus ganancias, sin que esto implique, ningún beneficio o consideración social a la ciudadanía”, propuso.

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