Es inconstitucional avisarle al GDF para marchar, dice juez federal

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Por Staff

Los tres artículos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal relacionados con marchas fueron declarados inconstitucionales por un juzgado federal porque atentan contra el derecho a la libertad de expresión y manifestación.

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal informó que al resolver el amparo 1751/2014 y su acumulado 1753/2014, declaró inconstitucionales los artículos 212, 213 y 214 de dicha ley, que entró en vigor a mediados del año pasado.

Esto no significa que se invalide la ley, sino que al resolver el amparo, el juez de distrito asentó un precedente para la formación de un criterio que sirva para la creación de jurisprudencia, la cual se puede formar cuando se acumulen cierta cantidad de criterios similares de manera ininterrumpida, de acuerdo con la Ley de Amparo vigente.

No obstante lo anterior, dicha resolución sólo aplica para los ciudadanos que promovieron el juicio y obtuvieron el amparo de la justicia federal.

Para el juez, la redacción de esos artículos no deja claro la estricta observancia a los derechos humanos de los manifestantes.

Según su análisis, el artículo 212 de la Ley de Movilidad para el Distrito Federal es inconstitucional en la parte relativa a la obligación que establece para hacer constar en el aviso la finalidad «perfectamente lícita» de la manifestación pública.

“Todas las personas gozan del derecho a la libre expresión, por lo que su ejercicio no debe ser restringido mediante censura previa, sino en todo caso mediante la exigencia de responsabilidades ulteriores en aquellos casos en que se afecten los derechos o reputación de terceros”, argumentó.

Además, resolvió que “la carga de dar aviso previo para la realización de una manifestación está dirigida exclusivamente a las manifestaciones o concentraciones de una densidad significativa, siendo inaplicable dicha obligación a las protestas que congreguen un número menor de personas y/o cuando surja una protesta espontánea”.

La exigencia de un aviso previo tiene efectos meramente informativos, lo cual no debe interpretarse como la necesidad de un permiso que condicione la licitud de la protesta, aseguró el juez.

Respecto del artículo 214, que prevé que la Secretaría de Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo de las vías primarias de circulación porque genera incertidumbre jurídica, el juez consideró que es inconstitucional pues no deja claro el alcance del uso legítimo de la fuerza pública frente a los quejosos.

“No establece en forma expresa el tipo de medidas permitidas, ni los principios de proporcionalidad y excepcionalidad a los que debe someterse la fuerza pública”, opinó.

Al otorgar el amparo, el juez “protege el derecho a la libertad de expresión y de manifestación”, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Y queda en claro que «las autoridades responsables no deben criminalicen la protesta, es decir, que se abstengan de acusar por delitos penales a los quejosos por el simple hecho de manifestarse; las autoridades responsables deben respetar la vida e integridad personal de los quejosos cuando realicen las protestas o manifestaciones y que en ningún caso los manifestantes serán privados de su libertad por personas no identificadas o por miembros de las fuerzas de seguridad por el simple hecho de manifestarse».

El amparo concedido por el juez no autoriza a los quejosos al bloqueo deliberado de las vías de circulación, a cometer agresiones físicas a terceros o a las fuerzas de seguridad, a provocar daño patrimonial deliberado de monumentos, señales de tránsito, o bienes del dominio público o de terceros, o a la portación de armas blancas o de fuego.

La libertad de expresión o la protesta protegida constitucional e internacionalmente es una libertad sin violencia, de forma que la conducta deliberada y dirigida a afectar la integridad personal, el patrimonio u otros derechos fundamentales de terceras personas no está en modo alguno comprendida dentro de la tutela que supone la libertad de expresión, aclaró el juzgador.

Y precisó que la Constitución y los tratados internacionales no reconocen un derecho al bloqueo deliberado e indefinido o permanente de calles y carreteras.

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