El

robo de combustible

es un delito federal que la Procuraduría General de la República tendría que

investigar de oficio

, incluso en el caso de las familias que llenaron contenedores con

gasolina

Premium de la fuga en el

ducto

de

Tlahuelilpan, Hidalgo.



La

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos

establece en el artículo 8 sanciones de 20 a 30 años de prisión y multas de 20 mil a 25 mil el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en contra de quien sustraiga o aproveche

combustibles

ilegalmente.



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Para la especialista en Derecho de la

Universidad La Salle (ULSA),

María del Carmen Cendón, la legislación es clara al establecer la conducta punible por lo que las autoridades federales tendrían la responsabilidad de indagar los hechos del 18 de enero pasado.



Las autoridades tienen facultades para iniciar investigaciones por

delitos

de alto impacto, en los que no es necesario que medie la denuncia de alguna parte afectada, a este tipo de indagatorias se les conoce como de ‘oficio’.



Cendón agregó que aunque los hechos en

Tlahuelilpan

son lamentables, incluso las víctimas de la

explosión

tendrían que ser indagadas por su presunta responsabilidad en el delito de

robo de combustible

.



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Calificó que la actuación de la población el día de la fuga en el

ducto Tuxpan-Tula

a cargo de

Petróleos Mexicanos (Pemex)

fue irresponsable cuando buscaron hacer más grande el boquete por el que se fugaba el

hidrocarburo.


“Lo que se tenía que hacer es denunciar la falla y esperar a que la arreglaran, no hacerla más grande para aprovecharla mejor”, mencionó.


La académica de la

USLA

también fue cuestionada sobre la actuación del

Ejército Mexicanos

del que una patrulla de 25 elementos únicamente se limitó a conminar a los pobladores a alejarse del punto de la fuga.



Incluso algunos familiares de víctimas aseguraron que los mismos militares que llegaron a resguardar la zona les invitaron a acercarse para aprovechar el chorro de gasolina que brotaba de una

toma clandestina.



Cendón consideró que en el caso de los

militares

la punibilidad por una conducta de omisión no se actualizaría en su contra debido a que actuaron conforme al protocolo definido para este tipo de emergencias y bajo la orden de mandos superiores.


“La conducta no es omisa porque al Ejército se le dio de la orden de cuidar los bienes de la nación y si bien es cierto que la perforación del ducto duró mucho tiempo, el problema es de los ciudadanos que robaron el combustible sin considerar consecuencias”, refirió.


El 18 de enero pasado una

fuga

por una

toma clandestina

en un

ducto

de gasolina ubicado en el municipio de

Tlahuelilpan

explotó y provocó hasta la fecha la muerte de 109 personas.





Aunque Cendón admitió que la actuación de las

Fuerzas Armadas

podría ser cuestionada por su aparente incapacidad de contener una situación de riesgo para la población, señaló que no podían intervenir al verse de rebasados.


“No podía intervenir de otra forma al tener un mandato previo o desconocer el correcto manejo del líquido, ellos están capacitados para funciones de seguridad”, argumentó.


Afirmó que el

Ejército

buscó contener a las personas para evitar que ordeñaran el

ducto,

no lo logró y reconoció estar en una situación de riesgo, por lo cual, tomaron su distancia y no sufrieron las consecuencias de la explosión.



Respecto a la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

, Cendón consideró que no se debería limitar a investigar o sentenciar los resultados de los hechos, también debería trabajar para prevenirlos.


“Una comisión también tiene las facultades de ejercer acciones preventivas, no sólo derivada de un hecho, por qué no también emitió recomendaciones o llamó a la población a no cometer el robo de combustibles”, concluyó.


Apenas el 24 de enero, el presidente

Andrés Manuel López Obrador

pidió a la población

no juzgar

a las personas que roben

combustible

y reiteró que no serán investigadas las víctimas de la explosión.


“Hay mucha gente que quiere condenarlos ahora, hay mucha gente que plantea que se les juzgue y hasta se trata de condenar y de justificar la tragedia. Ningún ser humano merece un castigo así, todos los seres humanos podemos mejorar nuestra actitud”, declaró el mandatario durante una visita a Tulancingo, Hidalgo, uno de los 91 municipios por donde pasan ductos de Petróleos Mexicanos.


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