La detención de Julio Serna, ex operador y jefe de Gabinete de Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe de Gobierno en la Ciudad de México, sería la primera de una red de exfuncionarios investigados por diversos delitos.

Este domingo, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México detuvo al exfuncionario en la colonia Jardines del Pedregal en la alcaldía Álvaro Obregón y fue trasladado al Reclusorio Norte acusado de enriquecimiento ilícito.

El vocero de la Fiscalía CDMX, Ulises Lara detalló que esa detención se logró gracias a la información proporcionada por quien fuera el tesorero de Mancera, Miguel Ángel Vázquez, quien también se encuentra bajo proceso penal, aunque en prisión domiciliaria al acogerse al criterio de oportunidad, en una especie de testigo protegido.

Vázquez ha proporcionado información sobre una red de corrupción integrada por al menos 23 exfuncionarios del ahora senador Miguel Ángel Mancera, quienes habrían desviado al menos mil millones de pesos, entre los que se encuentra Luis Serna, quien fuera su secretario particular y es el hermano de Julio Serna.


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Julio Serna fue sancionado por la Secretaría de la Contraloría General con 10 años de inhabilitación para ejercer cargo público, por irregularidades durante su gestión como director de la Central de Abasto, que también son investigadas en el ámbito penal.

Los delitos de que se le acusan tienen que ver con la venta ilegal de bodegas en el citado centro de abasto, asimismo, se responsabiliza de uso indebido de atribuciones, así como por daño en propiedad ajena.

En las indagatorias, la FGJ ha encontrado que “los bienes con los que cuenta y los gastos que realizaba no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó y es posible que una parte de los recursos obtenidos por esa persona tenga su origen del impuesto sobre la renta aportado por trabajadores de la administración pública de la ciudad”.

Además, agregó Lara, se le encontraron cinco bienes inmuebles y un estacionamiento en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez, no reportados en declaraciones patrimoniales.

Asimismo, se encontraron una empresa y 14 propiedades, que no están contempladas en sus declaraciones de conflicto de intereses.

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