La criminalización del aborto es inconstitucional en México desde el pasado 7 de septiembre, por lo que pronto podrían ser liberadas las personas sentencias por esta causa.

Ante esto, la Secretaría de Gobernación (Segob) ya analiza diversos casos identificados en las 32 entidades del país para otorgar la libertad a quienes tengan condenas por interrupción del embarazo.


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El trabajo se logró gracias a la participación de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas estatales.


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Y aunque aún no se precisa el número de personas que podrían obtener su libertad, la determinación no sólo beneficia a las mujeres que se hayan sometido a esta práctica, también a quienes hayan sido partícipes del proceso.


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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo, en una acción promovida por la extinta Procuraduría General de la República.

Con ello, los magistrados garantizaron el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

ARM

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