Debido a la pandemia la industria de comida chatarra fue señalada como la causante de la comorbilidad de obesidad y por defecto las muertes de Covid en México y ahora se encuentra en foco rojo; sin embargo durante el gobierno de Peña Nieto se espiaron a los activistas que impulsaban el aumento al impuesto a bebidas azucaradas, sumado al etiquetado claro sobre el nivel de azúcar, sodio y grasas que contienen. 

A la fecha, esta medida entregará en vigor en octubre, por lo que se espera evitar 1.3 millones de casos de obesidad y así, ahorrar 1.8 millones de dólares en costos de atención médica durante cinco años, estimó un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Fue en junio de 2016 cuando el investigador del INSP, Simón Barquera, el coordinador de ContraPESO, Luis Encarnación y el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, recibieron un mensaje de texto sus celulares para ser espiados a través del malware ‘Pegasus’. 


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Cabe señalar que ‘Pegasus’, es comercializado por la empresa israelí NSO Group a gobiernos alrededor del mundo, incluido el mexicano. documentó Citizen Lab, de la Universidad de Toronto a petición de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) t Social TIC. 

Al respecto, R3D dijo que la Fiscalía no les había notificado sobre ningún avance en la investigación. 

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) notificó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) la existencia del contrato en 2014 para la adquisición del malware; sin embargo, en febrero de 2019, la Fiscalía informó que existián otros dos contratos celebrados en 2016 y 2017 para actualizar la licencia de uso de tal sistema.


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Alejandro Calvillo, quien durante años se postró en contra de los daños a la salud generados por la comida chatarra, recibió el 8 de julio de 2016 un SMS donde se le notificó que el padre de un amigo suyo, había fallecido, acompañado de un enlace. 

Dos días más tarde, recibió un nuevo mensaje, donde se le alertaba sobre una supuesta aparición suya en la revista Proceso, misma que ya ganaba presencia en la ‘boca de todos’. 

“No nos quedaba duda de que un grupo dentro del Gobierno mexicana estaba actuando a favor de las empresas, declaró el director de El Poder del Consumidor.

Al ser consciente sobre un espionaje por parte del gobierno mexicano y grandes corporaciones de alimentos, Calvillo se acercó a asesoría de SocialTIC sobre ciberseguridad. 

Posteriormente, durante una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), en la que se encontraban otros funcionarios de distintas dependencias, se habló de la intención de introducir a la oficina de El Poder del Consumidor a pasantes del Colegio de México con el objetivo de obtener información interna. 


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No obstante, los intentos de los estudiantes por infiltrarse se documentaron a través de correos electrónicos enviados a la organización civil. 

Para Alejandro Calvillo, la evidente postura de funcionarios a favor de las empresas de bebidas y alimentos, explicó que a inicios de 2019, Roberto Campa Cifrián, sustituyera a Genaro Borrego Estrada como Director de Asuntos Corporativos de FEMSA, embotelladora de productos Coca-Cola. 

“A nosotros nos llegó el pitazo de que querían entrar a nuestras oficinas ofreciendo servicio social. Detrás del espionaje había una liga entre grupos del gobierno de la Segob y la industria”, declaró Calvillo.

Mientras que Comunicación Corporativa de FEMSA negó tajantemente la participación de la empresa en los hechos aludidos. Cualquier dicho en ese sentido se trataría de una aseveración sin fundamentos. 

La filtración 

Tras recibir la alerta por ‘pitazo’ sobre la Segob, el director de Poder del Consumidor Alejandro Calvillo, dio una entrevista a un periodista - que prefirió guardar el anonimato - sobre temas relacionados con FEMSA, también conglomerado de tiendas OXXO y Cervecería Cuauhtémoc. 


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Sin embargo, antes de que el texto saliera a la luz, el periodista recibió una llamada de parte del área de comunicación de FEMSA. 

“A nosotros nos llegó el pitazo de que querían entrar a nuestras oficinas ofreciendo servicio social. Detrás del espionaje había una liga entre grupos del gobierno de la Segob y la industria”, declaró Calvillo.

Al respecto, precisó que no había comentado con nadie sobre la entrevista, “lo único que podía pensar era que mi teléfono fue intervenido y que esa  información le llegó a FEMSA”. 

Tal periodista comentó que prefiere mantenerse en cautela, no ser involucrado en este tipo de discusiones, ya que él no está “ni a favor, ni en contra, no otorgando, ni rechazando”. 

Para mayo 7, tras la junta en la Segob, el Poder del Consumidor comenzó a recibir solicitudes no comunes sobre deseos de hacer servicio social. 

Un estudiante de El Colegio de México (Colmex) pidió colaborar en la organización, por lo que solicitó que se le informara sobre los eventos a realizar por parte de la asociación civil. 


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Durante los diez años de existencia que llevaba la asociación civil de El Poder del Consumidor, nunca se había recibido una solicitud de un alumno de tal institución académica para realizar su servicio social. 

Dos meses después, el 8 de julio, cayeron los primeros mensajes ‘espías’ al celular de Alejandro Calvillo; “Alejandro perdóname, pero acaba de fallecer mi padre. Estamos mal. Te envío los datos del velatorio. Espero asistas”, este mensaje estaba acompañado de un link. 

Para el 11 de julio recibió un nuevo mensaje: “Alejandro, buen día. Te envío esta nota de Proceso, donde hacen mención de tu nombre. Se está viralizando. Mira”, la notificación, de igual forma, estaba acompañada de un link.

Al abrirlo, un programa se instaló inadvertidamente en los teléfonos móviles de los ‘objetivos’, lo que daba acceso a los atacantes a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como la capacidad de utilizar la cámara, micrófonos y GPS del mismo. 


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En julio 12 de 2016, tan sólo un día después del último mensaje, Calvillo decidió responder al estudiante del Colmex que aceptaba su solicitud para realizar el servicio social como asistente en la dirección de la organización. 

El director de el Poder del Consumidor, tenía pensado entrevistar al estudiante a fondo, sin embargo consideró, la propuesta de ser asistente directamente del director intimidó al joven, por lo que éste le respondió que ya estaba en otra asociación civil. 

Sin embargo, el estudiante le indicó a través de un correo electrónico que un conocido suyo de otra universidad estaba interesado en hacer sus prácticas profesionales con ellos. 

Este nuevo estudiante dirigió dos correos a El Poder del Consumidor (el 13 y 22 de julio) para manifestar su interés en poder aprender sobre difusión y ‘cabildeo’ de causas sociales. 


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Cuatro meses después, el joven interesado en las prácticas profesionales asistió a un evento en el Senado donde se proyectó un documental de El Poder del Consumidor y se efectuó un foro sobre el impuesto a las bebidas azucaradas. 

Sin embargo la presencia del joven estudiante le resultó extraña a Calvillo, ya que el evento no fue anunciado públicamente; la invitación únicamente había llegado a la prensa y senadores. 

La vigilancia contra científicos y defensores de los derechos humanos es inaceptable y además agravia a toda la sociedad, indicó Calvillo. 

“Resultaría particularmente insultante que las capacidades del Estado sean puestas al servicio de la industria para atacar a aquellos que desde el propio Estado y desde la sociedad civil trabajan a favor de la salud de las y los mexicanos”, expresó Calvillo.

Asimismo acusó a R3D por la negligencia ante un claro caso de espionaje, esto dentro de su informe titulado “Destapa la vigilancia: promotores del impuesto al refresco, espiados con malware gubernamental”. 

A cuatro meses de lo anterior, y con una pandemia que tiene a México como el tercer país con mayor número de muertes por el Covid-19, la Secretaría de Salud ha volteado a la industria de la chatarra, para señalarla como una de las corresponsables de las muertes por comorbilidad derivados de la epidemia. 

Con información de Proceso / Sin Embargo.

RCS.

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