La consulta ciudadana para determinar si se lleva o no a juicio a ex presidentes podría ser declarada anticonstitucional, de acuerdo con un proyecto que elaboró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales.

El ministro fundamentó el proyecto bajo el argumento de que una consulta que pregunte si las autoridades mexicanas deben abrir un procedimiento o no para investigar un delito, restringe los derechos humanos de acusados y víctimas, y condiciona la ejecución de la justifica al resultado de un ejercicio participativo.


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“Este Tribunal encuentra que el objeto de la consulta es inconstitucional, porque su núcleo central se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios.”, expone el proyecto del ministro Aguilar Morales.


El proyecto del ministro apunta que el Estado no puede someter a una consulta ciudadana si debe o no juzga a los ex presidentes, pues en caso de que éstos en efecto hayan cometido algún delito, las autoridades tienen la obligación de iniciar el proceso jurídico correspondiente, sin que deba mediar una consulta para que lo hagan.

“Es precisamente por ello que el objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional, pues someter a consulta si la mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos.”, expone el ministro de la SCJN.


Detalló que conforme al artículo 35 de la Constitución, las consultas ciudadanas no podrán ser dirigidas a un fin que restrinja o elimine los derechos humanos de reconocidos en el máximo comedio jurídico del país o en los tratados internacionales reconocidos por México.

El presidente envió una solicitud a la SCJN para que se apruebe la pregunta que se difundiría en una consulta ciudadana que organizaría para determinar si existe voluntad popular que su Gobierno inicie un juicio a ex presidentes.

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