La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará y discutirá la controversia constitucional tramitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la primera etapa del Plan B, el cual incluye las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas.

El ministro Alberto Pérez Dayan admitió el recurso a trámite, con el que la autoridad electoral alega invasión de facultades, además de contener 125 impugnaciones de gobiernos estatales y municipales.

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En el acuerdo publicado por Pérez Dayán, la reforma en material electoral producen una violación directa a las funciones del INE, que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional.

“El Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, indica el documento.

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Asimismo, la SCJN admitió a trámite la controversia interpuesta por el municipio de Chihuahua, Chihuahua, contra la Ley General de Comunicación Social, la cual establece un gasto de 0.1 por ciento del presupuesto en campañas de difusión.

Los municipios que intentan derogar la reforma pertenecen a los estados de México, Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero.

ARM

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