La dirigencia nacional y diputados federales del PRI presentaron una iniciativa de 10 puntos para reformar distintas normas del sistema electoral mexicano, además de contemplar un ahorro de mil 730 millones de pesos.

En conferencia de prensa desde la sede tricolor, el coordinador de esa bancada de San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que su proyecto busca una "democracia más representativa, más ciudadana, más barata y en paz".


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  • Entre las propuestas más importantes de la iniciativa son:
  • Desaparecer los institutos (OPLEs) y tribunales electorales en los estados.
  • Eliminar 200 diputaciones federales.
  • Celebrar una segunda vuelta electoral para la elección presidencial.
  • Establecer un nuevo mecanismo para la elección de consejeros electorales.
  • Crear la figura de vicepresidente de la República
  • Desarrollar un sistema para frenar la injerencia del crimen en las campañas.

Con la reducción de escaños, el PRI pretende que sólo sean 300 de los 500 actuales: 150 se elegirán por el principio de mayoría relativa y la otra mitad en representación proporcional".

Moreira reiteró que "no vamos a permitir la destrucción del árbitro electoral", en alusión a su advertencia sobre la presunta intención del Gobierno federal para desaparecer el INE.


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"Hoy Morena tiene mayor porcentaje de diputados que su porcentaje de votación", por ello planteó establecer límites para evitar la sobrerrepresentación legislativa y evitar la conformación de mayorías artificiales. "Nadie puede tener más escaños que su porcentaje de votos electorales".

En cuanto a la reducción presupuestal, Moreira aseguró que ellos sí proponen la austeridad, con la disminución de los distritos electorales y a su vez las juntas locales.

"Eso significaría ahorrarnos más de mil 730 millones de pesos, ahorro que no implica poner en riesgo la democracia, a diferencia de lo que propone Morena", acotó.

Finalmente, el también exgobernador de Coahuila explicó que para consolidar la autonomía del INE y del Tribunal Electoral, pretenden la nacionalización plena de comicios federales y locales, con ello, la autoridades electoral asumirá la organización de todas las elecciones del país y así desaparecerán los Oples.


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La elección de los consejeros electorales se mantiene en el mismo esquema de convocatoria, requisitos de experiencia, "pero se sustituye la elección final que realizan los partidos políticos por un método en la Cámara de Diputados de insaculación"; estará a cargo de un Comité Técnico y sus integrantes elaborarán quintetas de los aspirantes mejor evaluados. Posteriormente, la Junta de Coordinación Política, procederá a insacular a una persona de cada lista para el cargo.

Segunda vuelta presidencial y vicepresidente

En caso de que el candidato presidencial ganador no alcance la mayoría absoluta, es decir más del 50 por ciento de los votos, habrá una segunda vuelta de elecciones.

De acuerdo al legislador, esto permitirá la conformación coaliciones amplias donde las minorías también encuentren representación y emanen con mayor legitimidad.

La iniciativa para establecer la figura de Vicepresidencia de la República, que estaría en la fórmula del candidato presidencial y sería él por el mismo término, a fin de buscar un acompañamiento directo al presidente que permita desahogar los asuntos de política interior.


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"Con esta nueva figura se da certeza al proceso de destitución del presidente en caso de falta absoluta, un tema en algún momento puede hacer crisis en México" y el vicepresidente asistiría al Senado de la República con voz, pero sin voto.

Además, los gobernantes y candidatos en las campañas, tendrán mayor libertad de expresión pero sin uso de recursos públicos, así como el voto electrónico en modalidad de urna electrónica, no a distancia como lo propone Morena.

30% menos del financiamiento público a partidos políticos, con porcentajes de 10% anual, propone el PRI.

Además de la reducción de los recursos a los institutos políticos propuesta, el PRI también planteó la sustitución de dichos montos por un financiamiento ciudadano global.

 

Además proyectaron la creación del Sistema Nacional de Protección Electoral, integrado por el gabinete de seguridad, autoridades fiscales, de la Fiscalía General de la República y del INE, a fin de erradicar la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.

Con este mecanismo de protección, los candidatos podrán solicitar la anulación de candidaturas si comprueban nexos con el crimen organizado, así como sanciones máximas para partidos que hayan postulado candidatos ligados a organizaciones delincuenciales, entre otras medidas.

 

ARM



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